Jaque al sistema eléctrico: el Gobierno lanza la privatización de Transener

Con Resolución 1050/2025 comenzó el proceso para vender ENARSA y pone en juego el control del 85% del transporte eléctrico nacional.

El Gobierno nacional avanzó con fuerza en la venta de Transener: a través de la Resolución 1050/2025, formalizó el inicio del proceso de privatización de ENARSA al ofrecer a la venta su participación en CITELEC S.A., que controla el 52,65% del capital accionario de la transportadora eléctrica del país. Esto significa poner en riesgo el control de una infraestructura crítica que maneja el 85 % del sistema de alta tensión argentino.

El procedimiento será un concurso público con alcance nacional e internacional, y deberá completarse en un plazo de ocho meses. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el proceso, mientras que la Subsecretaría de Energía será responsable de los pliegos técnicos y legales.

Un punto controversial es cómo se valorará el paquete: el Tribunal de Tasaciones se declaró incompetente debido a que el valor de la empresa se basa en sus futuros ingresos, no en activos físicos. En su lugar, se instruyó a un banco público para valuación. Además, se excluye cualquier participación de los empleados mediante programas de propiedad compartida.

Aspectos críticos

• Se trata de una decisión que cede el control de la infraestructura eléctrica nacional a actores privados e incluso extranjeros, sin priorizar participación regional o nacional.

• La tasación por ingresos futuros puede ser subjetiva y otorgar ventaja a inversionistas con capital, sin considerar el interés público.

• El rechazo a un programa de propiedad participada evidencia falta de inclusión del personal estatal en la operación.

• La decisión profundiza una línea privatizadora acelerada que ya había incluido a AySA y prepara la venta por etapas de ENARSA.

Este paso representa un viraje profundo en la política energética: se lanza un modelo que transfiere el Estado estratégico del transporte eléctrico al capital privado sin consulta social ni mecanismos de control comunitario. El futuro del servicio, las tarifas y la soberanía energética quedan supeditados a decisiones comerciales. Una privatización sin contrapesos reales.