Gobierno transforma Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en Sociedad Anónima

Mediante un decreto, Javier Milei avanza en la reforma del Estado y allana el camino para futuras privatizaciones de empresas públicas.

En el marco de la reforma del Estado impulsada por el presidente Javier Milei, el Gobierno transformó la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima. La medida, establecida en el Decreto 115/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, busca facilitar la privatización total o parcial de la compañía, que fue incluida en la ley Bases como una de las empresas a desestatizar.

La nueva entidad, denominada "Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima", estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tendrá como objetivo la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético de Río Turbio. El 95% de las acciones serán representadas por la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante corresponderá a la Secretaría de Minería.

La decisión se enmarca en el plan del Gobierno de reducir la presencia del Estado en la economía. El vocero presidencial, Manuel Adorni, citó al exministro Roberto Dromi para enfatizar: "Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado".

YCRT, ubicada en Santa Cruz, ha registrado pérdidas millonarias en los últimos años. Según un informe de la SIGEN, la empresa acumuló un déficit operativo de 62.565millones en los primeros nueve meses de 2024, a pesar de recibir fondos nacionales por 53.837 millones. Actualmente, emplea a unos 2.100 trabajadores y es un pilar económico para la ciudad de Río Turbio.

Esta transformación es parte de una agenda más amplia de privatizaciones que incluye a otras empresas estatales como Energía Argentina, AySA, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina y el Banco Nación. El Gobierno ya avanzó con la privatización de IMPSA y Corredores Viales, y busca transferir la gestión de rutas nacionales y servicios ferroviarios al sector privado.

La medida ha generado controversia, especialmente por su impacto en empleados y comunidades dependientes de estas empresas. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que la reducción del Estado es clave para sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia en la gestión de servicios.