Gobierno recupera tierras fiscales en El Cadillal y desnuda irregularidades en lotes
- Ambito Tucumano
- 10 abr
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El operativo en El Cadillal destapó presuntas coimas, denuncias penales a funcionarios y el conflicto de familias que compraron lotes "en regla".
El Gobierno de Tucumán intensificó su plan de regularización territorial con un operativo en El Cadillal, donde recuperó ocho hectáreas de tierras fiscales y clausuró un camino de acceso al lago para frenar nuevas usurpaciones. La intervención, coordinada por la Fiscalía de Estado y Catastro, expuso un entramado de irregularidades que derivó en una denuncia penal contra cinco empleados de la ex Subsecretaría de Regularización Dominial, acusados de cobrar ilegalmente para "agilizar" trámites de escrituración.
El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que "se acabó la impunidad" y que avanzarán con desalojos si es necesario. Desde Catastro, Alejandro Navarro confirmó que la auditoría continuará por meses, lo que podría desencadenar más operativos y cambios legales.
El eje del conflicto
Auditoría explosiva: Tras revisar 85 padrones, solo 15 cumplían con las leyes 9.179 y 9.591, que permitían vender tierras ocupadas antes de 2018. Los restantes 58 lotes estaban en áreas protegidas o reservas.
Presuntas coimas: Según Catastro, funcionarios habrían cobrado bajo la mesa para armar expedientes fraudulentos, evitando licitaciones públicas. Entre los denunciados están Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, ya investigados por el "Loteo Gaucho Castro" en El Mollar.
Vecinos en pie de lucha: Un centenar de familias, que aseguran haber comprado los terrenos "de buena fe", protestaron en el Anfiteatro de El Cadillal. "Nos vendieron esperanza y nos dejaron en el aire", denunció Camila Herrera, vocera del grupo. Algunos pagaron servicios y mejoras creyendo estar "en regla".
El dilema legal
El plan de regularización expiró, y solo una nueva ley permitiría reabrir los trámites. Mientras, más de 3.000 viviendas en El Cadillal permanecen en situación irregular, con solo el 10% intentando regularizarse. La tensión social crece: los vecinos enviarán una nota a Jaldo exigiendo una audiencia urgente para evitar perder sus casas.
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