El Gobierno acelera la ofensiva con la reforma laboral lista para enviar al Congreso

El Ministerio de Desregulación concluyó la redacción del proyecto que busca "modernizar" las relaciones laborales. Con el texto final en mano, el oficialismo inicia una carrera contra reloj para negociar apoyos con gobernadores y bloques parlamentarios.

El Gobierno nacional completó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y se prepara para lanzar una ofensiva política que le permita convertirla en ley antes de fin de año. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entregó el texto final al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a los líderes legislativos del oficialismo, dando inicio a una etapa crucial de negociaciones. El plan es presentar la iniciativa en los próximos días y someterla a debate durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre.

El proyecto, que el oficialismo prefiere llamar de "modernización laboral", incluye modificaciones profundas en el sistema de relaciones laborales argentino. Según trascendidos, el articulado abordaría temas sensibles como la "ultraactividad" de los convenios colectivos (su vigencia automática luego de su vencimiento), la relación entre convenios nacionales y provinciales, y cambios en el financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales. También se espera que contenga nuevas regulaciones para el trabajo autónomo o en plataformas, ajustes en la democracia sindical y una reformulación de los derechos colectivos de los trabajadores.

La estrategia política y la búsqueda de consensos

Con el proyecto cerrado, el Gobierno activó su maquinaria política para conseguir los apoyos necesarios. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, están al frente de las negociaciones con los gobernadores, cuya bancada resultó clave en votaciones recientes. Paralelamente, la flamante jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajarán en articular los votos dentro del Congreso.

Esta ofensiva se produce en un contexto de tensión con el movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de Gerardo Martínez (UOCRA), ya expresó su firme rechazo a los lineamientos de la reforma tras una fallida reunión en el Consejo de Mayo, un espacio de diálogo multisectorial. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", anticipó Martínez, dejando entrever la posibilidad de medidas de fuerza si el Gobierno insiste en avanzar sin consenso.

La carrera contra el calendario

La ventana de oportunidad legislativa para el Gobierno es estrecha. Las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo se desarrollarán en dos bloques: el primero, del 10 al 31 de diciembre de 2025, y el segundo, del 19 de enero al 28 de febrero de 2026. Lograr la media sanción en Diputados durante diciembre sería un objetivo estratégico para el oficialismo, que buscaría capitalizar el impulso político de su victoria en las elecciones de octubre.

El proyecto llega al Congreso en un clima de presiones cruzadas. Mientras la CGT rechaza la iniciativa, Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), públicamente pidió "endurecer el sentido de la norma", presionando para que las modificaciones sean aún más favorables al sector empresarial. Esta pulseada define el tono de una batalla que promete ser uno de los debates legislativos más intensos del verano.