Con 149 votos a favor, Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil

La Cámara baja dio media sanción al proyecto y la edad de imputabilidad bajará a 14 años. Establece penas de hasta 15 años para delitos graves, pero abre la puerta a sanciones alternativas. Ahora se debatirá en el Senado.

La primera sesión del año en la Cámara de Diputados tuvo un clima especial: en la vereda del Congreso, pasacalles mostraban rostros de víctimas, mientras que en los balcones del recinto estaban presentes las "Madres del Dolor" y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón. Ese despliegue y convocatoria rodearon la aprobación del proyecto del Régimen Penal Juvenil, con 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representaría el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal y otras bancadas aliadas, mientras que el rechazo estuvo por parte de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y peronismos provinciales. Aún falta el tratamiento del Senado de la Nación, que podría llegar el jueves 26 de febrero, en conjunto con la modificación de la ley de Glaciares.

Penas, garantías y el espíritu de la ley

El proyecto establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cometan delitos graves. La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

La norma también establece que los menores de edad no serán privados de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos, una modificación impulsada por la Coalición Cívica que quedó plasmada en los artículos 17, 30 y 34 del texto final. Además, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.

Cruces, cuestionamientos y el fantasma del financiamiento

El proyecto sufrió modificaciones de último momento antes de la votación. Entre las reformas rechazadas, Germán Martínez (Unión por la Patria) pidió mayor tiempo de adecuación de la medida mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó un esquema no discrecional de financiamiento para las provincias. Desde el sector peronista que adhiere a la baja de imputabilidad apuntaron la inconstitucionalidad de la redacción libertaria —a la que se opondrán— y piden reformar el artículo 34 del Código Penal que determina quiénes son los sujetos punibles.

El debate expuso las fisuras dentro del peronismo. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, un grupo de diputados del Frente Renovador —que responde a Sergio Massa— votó a favor de fijar en 14 años el piso de imputabilidad. Ese grupo insistió, sin embargo, en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Su planteo no fue atendido por el oficialismo.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante, defendió el dictamen de mayoría: "Actualmente nos rige una ley de 1980, suscripta en un momento donde no regían los principios democráticos. Hemos establecido la edad de imputabilidad desde los 14 años con un tratamiento para que la función final de los establecimientos sea resocializar al menor".

La herida que no cierra: los casos que conmovieron al país

Varios casos de asesinatos atribuidos a adolescentes han conmocionado últimamente a la sociedad. En 2024, Bruno Bussanich, empleado en una gasolinera, fue asesinado por un chico de 15 años en una ola de ataques narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado de más de 20 puñaladas por tres menores en diciembre en ese mismo distrito. Una chica de 16 años está detenida con prisión preventiva acusada del hecho y dos varones de 14 y 15 años fueron imputados, pero permanecieron en libertad por ser no punibles. Recordando ese caso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro —aliado de Milei en materia de seguridad— rechazó las políticas garantistas "que tanto daño han hecho… una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel".

El presupuesto de una ley que necesita estructura

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303 . Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener "formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social".

Sin embargo, los detractores del proyecto aseveran que la asignación presupuestaria es insuficiente y no llegará a las provincias. El diputado Germán Martínez cuestionó la redacción presupuestaria: "Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles. El presupuesto previsto es deficiente".

El texto establece que la Nación y los distritos "podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".

El contexto internacional: cómo se regula en otros países

El proyecto alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años. En Europa, España tiene desde el año 2000 la edad punitoria en 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales de la misma manera que los adultos. Las normativas de Italia, Austria y Alemania contemplan la penalización si se demuestra que el adolescente estaba en plena consciencia de sus actos.

Lo que viene: el Senado en la mira

Con la media sanción en el bolsillo, el proyecto girará al Senado donde el oficialismo buscará repetir la misma ingeniería de acuerdos que le permitió alcanzar los 149 votos en Diputados. El objetivo del gobierno es tener la ley sancionada antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias con otro trofeo bajo el brazo. La oposición, sin embargo, ya anticipa que intentará introducir modificaciones en la Cámara alta. Cualquier cambio obligará a devolver el texto a Diputados y postergaría la sanción definitiva. El sueño refundacional, otra vez, deberá esperar.