El Senado dio media sanción a la reforma laboral: 42 votos a favor, 14 horas de debate y una Rosada que cedió para ganar

Con el apoyo de la UCR, el PRO y gobernadores peronistas díscolos, el oficialismo logró su primera gran ley del año. Las modificaciones de último momento salvaron las cajas sindicales y sepultaron el capítulo de Ganancias.

Fueron más de 14 horas de discusión, cuatro interrupciones, una movilización sindical que rodeó el Congreso y un puñado de senadores peronistas que decidieron cruzar el umbral. Pasada la medianoche de este jueves, el Senado aprobó en general y por 42 votos contra 30 el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, en lo que constituye la primera victoria legislativa de envergadura para el oficialismo en 2026.

El número final fue producto de una ingeniería política que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, terminó de soldar en las horas previas. A los 21 senadores de La Libertad Avanza se sumaron los 10 de la UCR —claves para destrabar la votación—, los tres del PRO, y los monobloques de Provincias Unidas, Frente Renovador de Concordia, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Independencia y La Neuquinidad. La novedad de la noche fue la fractura explícita del peronismo: los senadores de Convicción Federal que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo —Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza— votaron con el oficialismo, lo mismo que los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. El bloque Justicialista, que conduce José Mayans, rechazó en bloque la iniciativa.

El Fondo que desveló a la oposición y la cesión que evitó la derrota

El corazón de la reforma, y también su punto más áspero, es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como una cuenta afectada a cubrir indemnizaciones por despido. El texto final establece una alícuota diferenciada: las grandes empresas aportarán el 1% de la masa salarial, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas contribuirán con el 2,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó facultado para incrementar hasta 0,5 puntos esos porcentajes si la meta de déficit cero lo exigiera, aunque con control de la Comisión Bicameral de Previsión Social.

El senador kirchnerista Mariano Recalde fue el más duro en el recinto: “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP. Este fondo se lo van a quedar administradoras privadas. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos”, disparó.

Pero el dato político más relevante no fue lo que se incluyó, sino lo que se dejó afuera. El gobierno cedió a la presión de los gobernadores y eliminó el artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las sociedades en los tramos más altos, una medida que restaba más de 2 billones de pesos de la coparticipación. “Decidimos postergar el tratamiento hasta construir una reforma fiscal integral”, justificó Bullrich en la conferencia de prensa previa, en una frase que selló la derrota del ministro Caputo, quien hasta el lunes ordenaba ser “inflexibles hasta el final”.

El guiño a los gremios que enterró a las billeteras virtuales

Contra el relato de un proyecto anti-sindical, el texto final incorporó concesiones sustanciales a la CGT. Se mantuvo en el 6% la alícuota de aportes patronales a las obras sociales —el proyecto original la bajaba al 5%— y se sostuvo la vigencia de la cuota sindical obligatoria para trabajadores afiliados y no afiliados, aunque con un tope del 2% del salario durante dos años. Las cámaras empresarias, por su parte, seguirán recibiendo un aporte obligatorio del 0,5%. El PRO había solicitado eliminar la automaticidad de esos aportes para que cada trabajador decidiera si realizarlos, pero Bullrich rechazó el pedido.

Otro revés para el ideólogo de la reforma, Federico Sturzenegger, fue la eliminación del pago de salarios mediante billeteras virtuales. El lobby bancario —uno de los más sólidos del Congreso— logró mantener la exclusividad de las entidades financieras para acreditar haberes. “Hay ciertas cosas que tienen que sostener tutela”, argumentaron desde el oficialismo, dejando la puerta abierta a una futura reglamentación del Banco Central.

El menú completo de los cambios

La reforma que ahora pasará a Diputados modifica de manera estructural la Ley de Contrato de Trabajo. En materia de indemnizaciones, se establece un nuevo criterio de cálculo: se tomará la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones, bonos y horas extras. Las sentencias judiciales podrán cancelarse en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes, actualizadas por inflación más un plus del 3% anual.

La jornada laboral podrá extenderse hasta doce horas diarias mediante un sistema de “banco de horas” acordado entre partes, que permitirá compensar horas extras con días de franco. Las vacaciones, por su parte, podrán fraccionarse en bloques no inferiores a siete días y tomarse entre octubre y abril, salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.

El proyecto también redefine el régimen de licencias por enfermedad. Si la dolencia no deriva de la actividad laboral y responde a una acción voluntaria del trabajador, este percibirá el 50% de su salario durante tres meses —o seis si tiene personas a cargo—. Cuando la incapacidad no sea consecuencia de una actividad riesgosa, la cobertura será del 75%.

En servicios esenciales, se amplía el catálogo de actividades alcanzadas por los servicios mínimos durante huelgas: telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, educación no universitaria y servicios aduaneros deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento normal.

El capítulo de plataformas digitales establece que el vínculo entre repartidores y aplicaciones “no constituye relación laboral” sino un “contrato de servicio independiente”, aunque la empresa deberá garantizar un seguro de salud mientras el trabajador ejerce su actividad. Las asambleas, por último, requerirán autorización previa del empleador y el trabajador no devengará salario durante su desarrollo.

Lo que viene: Diputados y el fantasma de las modificaciones

Con la media sanción en el bolsillo, el proyecto girará a la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en repetir la misma ingeniería de acuerdos, pero la oposición ya anticipó que intentará introducir cambios. Cualquier modificación obligará a devolver el texto al Senado, lo que demoraría la sanción definitiva. Bullrich dejó abierta la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias un día más para que la iniciativa pueda ser tratada antes de fin de mes.

El objetivo del gobierno es tener la ley promulgada antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias. La pregunta que sobrevuela el recinto, sin embargo, es cuánto queda del sueño refundacional después de tanta cesión. El artículo estrella —la rebaja de Ganancias— murió en la negociación. La desregulación financiera —el pago con billeteras virtuales— fue enterrada por los bancos. Y el ajuste a las obras sociales se diluyó frente al lobby sindical. “El tango se baila de a dos”, había dicho Bullrich. Esta vez, los que marcaron los pasos no estaban en la Rosada.