Spagnuolo se presentó ante la Justicia: designó abogado y entregó audios comprometedores

El exfuncionario de ANDIS elevó judicialmente la pulseada al entregar formalmente las grabaciones donde implicaría a Karina Milei y Lule Menem en una presunta trama de corrupción.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro crucial hacia el terreno judicial. Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo removido tras filtrarse audios comprometedores, entregó formalmente un pendrive con las grabaciones al fiscal federal Franco Picardi, según confirmó el periodista Martín Carrizo en la red social X. Esta movida traslada la crisis del ámbito mediático al judicial y abre un frente de consecuencias imprevisibles para el gobierno de Javier Milei, cuyas figuras más cercanas quedaron expuestas en las grabaciones.

La estrategia de Spagnuolo fue leída en círculos políticos como una advertencia hacia la cúpula oficialista: "Si caigo yo, caemos todos". En las grabaciones, el exfuncionario apunta directamente a Eduardo "Lule" Menem, a quien vinculó con supuestos negocios irregulares con la droguería Suizo Argentina; cuestiona la idoneidad de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente; y acusa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de haberlo "dejado expuesto" y sin respaldo político cuando le llevó sus preocupaciones sobre la presunta trama corrupta. La entrega formal de esta evidencia audiovisual eleva exponencialmente el costo político de cualquier eventual condena contra Spagnuolo, pues judicializaría acusaciones contra el círculo íntimo del Presidente.

La contraofensiva oficial: intervención y auditoría

Frente a la escalada, el Gobierno respondió con una movida administrativa: mediante decreto, intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es vinculado con el asesor presidencial Santiago Caputo. La medida establece que Vilches deberá auditar la gestión de Spagnuolo y presentar un informe en 180 días, que podría derivar en una denuncia penal. Sin embargo, la designación generó suspicacias inmediatas, ya que deja la investigación interna sobre los hechos denunciados en manos de un sector que los propios audios de Spagnuolo señalaban como parte de la trama. La periodista Romina Manguel resumió la desconfianza en X: "La pregunta es: ¿se cortó solo [Spagnuolo] o va a seguir el guion del Gobierno?".

¿Qué sigue?

Con la entrega formal de evidencia, el fiscal Picardi deberá ahora determinar la autenticidad de los audios, su validez jurídica y si constituyen prueba suficiente para avanzar con una investigación formal por enriquecimiento ilícito, cohecho y asociación ilícita. El hecho de que Spagnuolo haya contratado un abogado particular (no uno oficialista) sugiere que prepara una defensa agresiva que podría incluir la ampliación de sus declaraciones. El caso, que estalló en medios, se transforma ahora en un expediente judicial que podría prolongarse por meses y mantener en vilo a un gobierno que llegó al poder prometiendo "cero corrupción".

Más allá de los delitos eventualmente cometidos, la crisis ANDIS expone una lucha de poder dentro del propio oficialismo. Spagnuolo, un abogado que se sumó al proyecto libertario en 2021 y era considerado de confianza, quedó atrapado en lo que describe como una red de lealtades y negocios que involucraría a la propia hermana del Presidente. Su decision de "no caer solo" judicializando el conflicto revela el grado de fractura interna y la ausencia de mecanismos para contener crisis de corrupción dentro de la coalición gobernante. Para la oposición, el caso es la confirmación de que "el relato anti-casta era sólo un relato".

El punto de no retorno

La judicialización del caso ANDIS marca un punto de no retorno. Ya no se trata de audios filtrados en medios, sino de evidencia entregada formalmente a un fiscal federal. El gobierno de Milei enfrenta ahora su crisis más grave: deberá navegar entre la necesidad de mostrar intransigencia contra la corrupción y el imperativo de proteger a su círculo íntimo, todo ello en vísperas de elecciones legislativas clave. La credibilidad del relato de "limpieza" que lo llevó al poder está en juego, y la Justicia tendrá la última palabra.