La Justicia frena el ajuste en discapacidad: ANDIS restablece pensiones suspendidas

Por orden de un juzgado federal, el organismo deberá pagar los haberes retenidos. La medida beneficia a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

En un fallo que representa un revés para la política de ajuste en el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restableció las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, cumpliendo con una orden judicial del Juzgado Federal de Catamarca N° 2. La medida, formalizada mediante la Resolución 12621/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, obliga al organismo a reanudar los pagos y abstenerse de continuar con las auditorías que justificaban los recortes.

La decisión judicial, emitida el jueves pasado en el marco de la causa "Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo", respondió a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados de esa provincia. El fallo no solo ordenó el restablecimiento inmediato de las prestaciones, sino también el pago de los haberes retenidos y la suspensión de todas las auditorías en curso hasta que se dicte sentencia definitiva.

La resolución firmada por el interventor de ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, implementa lo dispuesto por la Justicia al dejar sin efecto las suspensiones, reanudar los pagos y detener cualquier procedimiento de verificación. El artículo 3° instruye específicamente a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a "no iniciar ni continuar auditorías de pensiones" mientras se mantenga vigente la medida judicial.

Detrás de esta acción legal se encuentra un trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, que patrocinaron a las personas afectadas por los recortes. El restablecimiento de estas pensiones marca un precedente significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en un contexto de ajuste presupuestario.