Senado aprobó emergencia en discapacidad

El Congreso declaró la emergencia hasta 2027 para el sector discapacidad y rechazó el veto del fondo por inundaciones en Bahía Blanca.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley de emergencia para personas con discapacidad por 55 votos afirmativos y ninguno en contra (17 ausentes), en una sesión que coincidió con una movilización frente al Congreso. La normativa declara un estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, asegurando partidas presupuestarias para regularizar pagos a prestadores, enfermeros, transportistas y acompañantes, algunos de los cuales “hacen seis meses que no cobran”, según el senador puntano Fernando Salino.

La iniciativa incluye:

• Actualización de aranceles del sistema de prestaciones básicas.

• Regularización de deuda a prestadores del sistema de atención integral.

• Auditorías para agilizar la aprobación de pensiones no contributivas, de las cuales sólo se otorgaron 586 en 14 meses sobre unas 500 000 solicitudes.

• Mejora en la remuneración de beneficiarios en talleres asistidos (actualmente $28 000 desde febrero de 2023).

• Impacto fiscal estimado en torno al 0,22 %–0,42 % del PBI .

Reversión del veto presidencial a Bahía Blanca

En forma simultánea, el Senado revirtió el veto presidencial a la ley que creaba un fondo especial de $200 000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las inundaciones de marzo 2025. La votación terminó con 51 votos a favor y 21 ausencias, sin votos en contra.

La ley había sido originalmente sancionada en Diputados y aprobada por unanimidad en el Senado en mayo, pero había sido vetada por el presidente Milei el 24 de junio mediante el decreto 424/2025. El Ejecutivo argumentó que ya había implementado un fondo similar por decreto en abril y cuestionó que el proyecto no especificaba fuentes de financiamiento. La iniciativa ahora retorna a Diputados para su revisión final.

Esta doble aprobación legislativa refleja una firme respuesta del Congreso frente al Ejecutivo. Por un lado, avanza con protecciones para personas con discapacidad urgidas de recursos y servicios básicos. Por otro, desafía el veto presidencial al impulsar un fondo de reconstrucción comunitaria. Ambas leyes consolidan mayoría opositora que supera el quorum necesario y se afianzan como una señal de autonomía legislativa frente al Gobierno.