Industricidio en tiempo récord: Fate cierra después de 85 años y expone el costo humano del modelo libertario

La histórica fábrica de neumáticos bajó la persiana en San Fernando. Importaciones, caída del consumo y una apertura comercial sin protección terminaron con un emblema nacional. La UIA habla de 65.000 empleos perdidos en dos años y el Gobierno responde con teorías conspirativas.

Ocho décadas y media de historia industrial argentina se apagaron con un cartel en la puerta. La mañana del miércoles, los primeros trabajadores de Fate que regresaban de sus vacaciones se encontraron con un frío comunicado: la fábrica de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, cerraba sus puertas de manera definitiva. Novecientos veinte empleados —hombres y mujeres que en muchos casos llevaban 25 años en la empresa— se enteraron por ese papel que ya no tenían trabajo.

La noticia cayó como un baldazo en el cordón industrial del Gran Buenos Aires. Fate, fundada en 1940 por la familia Madanes Quintanilla, había sobrevivido a la hiperinflación, al menemismo, al 2001 y a todas las crisis que atravesó el país. Pero no pudo con esta. La empresa arrastraba un Procedimiento Preventivo de Crisis desde 2024 y ya había reducido su plantilla a la mitad —en su mejor momento llegó a tener 2.000 empleados—, pero el golpe final llegó por el lado del mercado.

El aluvión importador que nadie frenó

Los números explican la masacre. Entre 2023 y 2025, como parte de la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, la importación de neumáticos creció un 34,8% promedio. El 75% de las cubiertas que se venden hoy en la Argentina son importadas, y en su mayoría vienen de China. Para competir con esos precios —que llegaron a ser hasta un 42,6% más bajos en pesos—, Fate tuvo que reducir sus valores, perder rentabilidad y, finalmente, producir a pérdida.

La planta de Virreyes estaba funcionando al 30% de su capacidad. De las 2.000 cubiertas diarias para camión que solía fabricar, pasó a apenas 500. La demanda interna cayó más del 30% y las pérdidas del primer semestre de 2024 ya superaban los 30 millones de dólares. Los trabajadores, mientras tanto, llevaban 14 meses sin aumento salarial, aunque el gremio SUTNA aclara que ese no era el problema de fondo.

La UIA despierta, pero tarde

La Unión Industrial Argentina emitió un comunicado que sonó como un aldabonazo tardío. Su presidente, Martín Rappallini, expresó "gran preocupación" y advirtió que la industria lleva perdidos casi 65.000 empleos en los últimos dos años. "Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo", señaló la entidad, que reclamó "igualdad de condiciones para competir" frente a las prácticas desleales de países que subsidian su producción.

La oposición, mientras tanto, aprovechó el golpe. El gobernador bonaerense Axel Kicillof definió el cierre como "una muestra cruel del modelo económico del gobierno nacional" y habló de "desindustrialización, apertura irrestricta de importaciones y precarización laboral". Desde el Frente de Izquierda sumaron su voz y alertaron que esto es solo el principio si se aprueba la reforma laboral que el oficialismo impulsa en el Congreso.

La conspiración como respuesta

En la Casa Rosada, sin embargo, eligieron otro camino. Lejos de asumir responsabilidades, el presidente Javier Milei posteó un críptico "Conspiranoico yo?" y sus voceros salieron a sembrar sospechas sobre el timing del anuncio. La empresa cerró justo cuando se debatía la reforma laboral en el Senado y un día antes del paro general de la CGT. Demasiadas casualidades para un gobierno que ve conspiraciones y fantasmas en cada esquina.

El dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla —también titular de Aluar— es un peso pesado del llamado "círculo rojo". En el oficialismo interpretaron el cierre como un gesto político para presionar en plena discusión legislativa. Incluso Antonio Aracre salió a recordar una entrevista donde el empresario decía: "No hay que aguantar, hay que atacar". La teoría, por ahora, no tiene más sustento que la paranoia oficial.

El conflicto que no cesa

Mientras los dirigentes discuten, los trabajadores resisten. Pasadas las 13 del miércoles, la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto. La medida, sin embargo, llegó tarde para los 920 despedidos. La empresa ya había anunciado que este jueves depositaría las indemnizaciones —unos 30 millones de dólares en total, según estimaciones— y que los pagos se acreditarían en las cuentas sueldo.

Pero los ánimos estaban caldeados. El secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, cortó el alambrado perimetral e ingresó al predio junto a otros 14 empleados. Algunos subieron al techo. La Policía Bonaerense intervino, detuvo a Crespo y el fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó el desalojo inmediato por "turbación de la propiedad". Los trabajadores denuncian "militarización" de la planta y exigen que la CGT se ponga al frente del conflicto.

El fantasma de Pirelli y Bridgestone

El caso Fate es apenas la punta del iceberg. Las otras dos grandes del sector —Pirelli y Bridgestone— ya se transformaron en importadoras netas y vienen aplicando recortes. La primera redujo su planta de Merlo el año pasado con despidos y retiros voluntarios; la segunda hizo lo propio en 2024. Todo el sector del caucho está en terapia intensiva, y según el Indec, en diciembre operaba al 33,4% de su capacidad.

Lo que ocurrió en Virreyes es un leading case de la malaria económica que denuncia la caída en las ventas y evidencia el daño de una apertura importadora sin protección. Mientras el mundo desarrollado —empezando por Donald Trump— levanta barreras para defender su industria, la Argentina de Milei abre las compuertas y mira cómo se ahogan sus empresas. El costo, como siempre, lo pagan los de siempre: los que llegan temprano a la fábrica y se encuentran con un cartel que les cambia la vida.