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Fraude en San Miguel de Tucumán: $500 millones en fondos públicos bajo sospecha

  • Foto del escritor: Ambito Tucumano
    Ambito Tucumano
  • hace 1 hora
  • 2 Min. de lectura

La Municipalidad denunció irregularidades en una cuenta no registrada durante la gestión de Germán Alfaro. La Justicia investiga el destino de los fondos, mientras crece la tensión política.

Fraude en San Miguel de Tucumán: $500 millones en fondos públicos bajo sospecha

Una investigación interna de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reveló un presunto desvío de $500 millones (equivalente a USD 3,8 millones en su momento) de fondos públicos transferidos por la Provincia en 2020, durante la gestión del exintendente Germán Alfaro. El caso, que ya está en manos de la Justicia penal, podría convertirse en uno de los escándalos más graves de la administración local en los últimos años.

Hallazgos clave de la investigación

  1. Cuenta fantasma:

    • Se descubrió una cuenta bancaria no registrada en el Banco Macro, a nombre del municipio pero sin respaldo contable oficial. Allí se habrían depositado 250millones en fondos reintegrables y otros 250 millones no reintegrables, totalizando los $500 millones bajo sospecha.

    • La cuenta fue abierta el 3 de junio de 2020 y cerrada el 11 de noviembre de 2024, sin que sus movimientos aparecieran en los libros municipales.

  2. Irregularidades en los fondos:

    • Los fondos provenían de dos decretos del entonces gobernador Juan Manzur (N°947/3 y N°1.798/3), pero solo 250 millones figuraban en las cuentas oficiales. Los 250 millones restantes fueron a parar a la cuenta no declarada.

    • Además, se detectaron cesiones de derechos sobre la coparticipación federal (N°310 y N°228) firmadas por Alfaro, sin la aprobación del Concejo Deliberante, como exige la ley.

  3. Responsables involucrados:

    • Los firmantes autorizados de la cuenta irregular eran los exsecretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Hacienda).

    • El actual contador general, Marcelo Albaca, denunció que el financiamiento carecía de aval legislativo y pidió la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La denuncia y la respuesta política

  • La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando el fiscal municipal Conrado Mosqueira, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú, presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.

  • El caso cobró relevancia pública esta semana durante una reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla, donde se discutió el descuento automático de la deuda de la coparticipación municipal.

  • Germán Alfaro, el exintendente señalado, negó las acusaciones y las atribuyó a una "obsesión" de Chahla en plena campaña electoral.

Próximos pasos

La Municipalidad evalúa convertirse en querellante para acelerar la causa, que actualmente está a cargo del fiscal regional Fernando Blanno pero no registra avances significativos. Mientras tanto, la Fiscalía y los organismos de control continúan recopilando pruebas para determinar el destino final de los fondos y las posibles responsabilidades penales.

El caso podría escalar en medio de la tensión política previa a las elecciones, con potenciales repercusiones para figuras clave de la administración anterior. La Justicia deberá resolver si hubo malversación de fondos o si se trató de un error administrativo.

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