El Senado trata el acuerdo UE-Mercosur y la Ley de Glaciares

El Gobierno adelantó para este jueves el tratamiento del tratado birregional y busca que Argentina sea el primer país en aprobarlo. La sesión incluye también la polémica reforma de la Ley de Glaciares, que divide a la oposición y enfrenta a ambientalistas con provincias mineras.

El gobierno de Javier Milei decidió pisar el acelerador en el Senado y adelantó para este jueves el tratamiento del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, con un objetivo explícito: convertir a la Argentina en el primer país del bloque sudamericano en ratificarlo parlamentariamente. La jugada, que modificó el cronograma previsto para el cierre de las sesiones extraordinarias, busca posicionar al país como socio confiable ante los mercados internacionales y asegurarse una ventaja en la asignación de cuotas de exportación hacia Europa.

El tratado, firmado el 17 de enero en Asunción tras más de dos décadas de negociaciones, ya obtuvo media sanción en Diputados con un respaldo transversal de 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. En el Senado, el oficialismo confía en repetir esa mayoría, aunque el verdadero desafío no es la aprobación del acuerdo –que tiene los votos asegurados– sino la velocidad. Uruguay viene pisando fuerte: su Cámara de Senadores ya lo trató esta semana y busca la sanción definitiva en las próximas horas.

La carrera regional y el compás de espera europeo

La competencia no es meramente simbólica. Una vez que el acuerdo entre en vigencia, las cuotas de exportación comenzarán a agotarse, y los países que ratifiquen primero podrían acceder antes a los beneficios comerciales. Brasil, Paraguay y Uruguay también activaron sus procesos legislativos, pero Argentina aspira a ganar la delantera.

Del lado europeo, el panorama es más complejo. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los convenios comunitarios, un proceso que podría demorar hasta dos años. Sin embargo, la Comisión Europea ya advirtió que está lista para aplicar el componente comercial de manera provisional en cuanto un país del Mercosur complete su ratificación, tal como lo anticipó la presidenta Ursula von der Leyen. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también instó al Ejecutivo comunitario a dar ese paso.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, defendió el acuerdo ante los senadores con cifras contundentes: "Triplica nuestra llegada al PBI global, del 10 al 30%", y proyectó que las exportaciones al bloque europeo "podrán aumentar un 76% en los próximos cinco años y un 122% en los próximos 10 años".

La sombra de la discordia: reforma de la Ley de Glaciares

El plato fuerte de la jornada, sin embargo, no es el acuerdo comercial sino la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que despierta pasiones encontradas y podría generar una votación ajustada. El proyecto, impulsado por provincias cordilleranas con intereses mineros, propone redefinir las zonas protegidas para permitir la explotación económica en áreas periglaciares que actualmente están blindadas.

La clave de la reforma es que transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger, limitando la protección a aquellas que funcionen como "reserva estratégica de agua" y no a todas las formaciones periglaciares como establece la ley actual de 2010. El artículo 7 del despacho permite a cada jurisdicción identificar, "basándose en elementos técnico-científicos", los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas. Quienes defienden la norma argumentan que los recursos pertenecen a las provincias (artículo 124 de la Constitución) y que la ley actual generó una "parálisis regulatoria" en sectores estratégicos como el litio y el cobre.

Enfrente, las organizaciones ambientalistas –Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, entre otras– denuncian una "regresión ambiental inconstitucional" que vulnera el Acuerdo de Escazú y advierten que la reforma choca frontalmente con el acuerdo UE-Mercosur. El artículo 26.2.3 del tratado birregional establece que "ninguna de las Partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión". Para los ambientalistas, desproteger los glaciares –reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática– es exactamente lo contrario de lo que exige el acuerdo con Europa.

El tablero político: votos inciertos y divisiones

El oficialismo necesitará al menos 37 senadores para alcanzar el quórum, y aunque el acuerdo comercial parece tener los votos garantizados, la reforma de Glaciares es un terreno pantanoso. El bloque radical, clave en cualquier negociación, aún no definió su postura y algunos de sus miembros analizan un proyecto alternativo que le otorga mayor poder al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) en lugar de transferir las decisiones a las provincias.

Dentro del peronismo, la división es evidente. Senadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) evalúan acompañar la iniciativa, mientras que el kirchnerismo más duro –con Juliana Di Tullio y Wado De Pedro a la cabeza– anticipa su rechazo tanto al acuerdo comercial como a la reforma ambiental. El flamante bloque "Impulso País", que reúne siete votos de distintas provincias, también está dividido.

La senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente, sería la encargada de anunciar las modificaciones de último momento que podrían destrabar apoyos. En el oficialismo reconocen que la votación será "ajustada" y no descartan que la vicepresidenta Victoria Villarruel tenga que desempatar.

Una jornada decisiva

La sesión, citada para las 11 de la mañana, incluirá también la aprobación del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. Pero el foco estará puesto en los dos proyectos que marcarán el rumbo de la política exterior y ambiental de la gestión Milei. Aprobar el acuerdo UE-Mercosur antes que Uruguay sería un triunfo simbólico de alto voltaje. Hacerlo junto a una reforma que flexibiliza la protección de los glaciares podría convertirse en una victoria agridulce, envenenada por las denuncias de incoherencia normativa y los cuestionamientos internacionales.

Mientras los senadores negocian en los pasillos, las organizaciones ambientalistas ya anticipan que llevarán el caso a los tribunales. La jornada de este jueves no definirá solo el futuro comercial de la Argentina, sino también la credibilidad de sus compromisos ambientales en la arena global.