El Senado abrió la puerta a la minería cerca de los glaciares

Con 40 votos a favor y 31 en contra, la Cámara alta dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares. Organizaciones ambientalistas denuncian un "retroceso ambiental" y ya preparan impugnaciones judiciales.

La noche del jueves en el Senado fue de definiciones calientes. Después de cuatro horas de debate y con la presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem en los palcos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados en el período ordinario, introduce cambios sustanciales en la protección de los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial, y abre la puerta a la actividad minera en zonas que hasta ahora estaban blindadas.

El resultado de la votación evidenció una vez más la fragmentación del arco político. La Libertad Avanza sumó los 21 votos propios y cosechó apoyos transversales: la mayoría del radicalismo, el PRO, los bloques provinciales de Misiones, Salta y Tucumán, y –lo más significativo– los senadores peronistas de provincias mineras como la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac, que se apartaron de la disciplina de su bloque gracias a la libertad de acción que les concedió Unión por la Patria. En la vereda de enfrente, el rechazo aglutinó al núcleo duro del peronismo, a los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, a la cordobesa Alejandra Vigo y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, entre otros.

Cómo votaron los senadores

La votación en el Senado reflejó un escenario dividido. El proyecto obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que dejó en evidencia la tensión política alrededor del tema.

Entre quienes votaron a favor se ubicaron, entre otros, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Guillermo Andrada, Carlos Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Lucía Corpacci, Agustín Coto, Carlos Espínola, Flavio Fama, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Godoy, Enrique Goerling Lara, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Mariana Juri, Carolina Losada, Nadia Márquez, Sandra Mendoza, María Moisés, Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Orozco, Juan Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Flavia Royón, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Sergio Uñac, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Por el rechazo se pronunciaron Maximiliano Abad, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José Carambia, Andrea Cristina, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Natalia Gadano, María Giménez Navarro, María González, María Victoria Huala, Alicia Kirchner, Daniel Kroneberger, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Manzur, Ana Marks, José Mayans, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Fernando Salino, Martín Soria, Edith Terenzi, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.

La única abstención correspondió a Julieta Corroza.

Incidentes en la previa y denuncias de "oscurantismo"

Horas antes de que comenzara el debate, la tensión se trasladó a las calles. Una docena de activistas de Greenpeace saltaron las rejas del Congreso y se instalaron en las escalinatas para protestar contra la reforma. Fueron desalojados por la policía y terminaron detenidos. En el operativo, un camarógrafo del canal A24 fue agredido con gas pimienta y también demorado, lo que desató críticas de organizaciones de periodistas.

Pero el incidente más grave, desde el punto de vista institucional, ocurrió dentro del recinto. Minutos antes de la votación, los senadores recibieron en sus bancas un papel con las modificaciones que el oficialismo introducía al dictamen original, sin que los miembros informantes las hubieran explicado. El pampeano Daniel Bensusán (UP) estalló: "Otra vez lo mismo que con la ley laboral, ¿de dónde corno salió esto? ¿Para qué están las comisiones? Estamos cambiando, entre cuatro paredes, una de las leyes que cuida al medio ambiente en Argentina. Así no se discute". Su compañero Fernando Salino agregó que el procedimiento estaba "afuera del reglamento".

El corazón de la reforma: ciencia versus discrecionalidad provincial

El proyecto aprobado modifica de raíz el espíritu de la ley sancionada en 2010, aquella que fue pionera en Latinoamérica y que estableció la protección de glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. El texto original, impulsado por organizaciones ambientales y respaldado por la comunidad científica, protegía toda masa de hielo perenne y todo suelo congelado, independientemente de su tamaño o ubicación, y prohibía en esas áreas actividades como la minería, la exploración hidrocarburífera y las obras de infraestructura.

La reforma introduce un cambio conceptual clave: ya no se protegerá todo el ambiente periglacial, sino solo aquellas formaciones que "cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas". La definición de qué cumple esa función y qué no quedará en manos de las provincias, que pasan a ser la autoridad de aplicación.

El artículo 4 del proyecto es el más polémico: establece que cuando las provincias determinen que un glaciar o ambiente periglacial incluido en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple una función hídrica relevante, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) –dependiente del CONICET– deberá eliminarlo del inventario. Para las organizaciones ambientalistas, esto significa "vaciarlo de contenido" y "reemplazar la ciencia por la discrecionalidad política".

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a otras 30 organizaciones, advirtió que la reforma es "ilegal e inconstitucional" porque atenta contra el sistema de presupuestos mínimos ambientales que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. En un documento difundido en los días previos, alertaron que "se derrumba toda la protección ambiental uniforme" y que se viola el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional con jerarquía superior a las leyes.

Los argumentos del oficialismo: "falsa dicotomía" y desarrollo minero

La defensa del proyecto estuvo a cargo del sanjuanino Bruno Olivera Lucero (LLA), quien sostuvo que "el agua y la minería no son enemigos". El legislador argumentó que la ley actual "no permite medir científicamente" y que "si la ciencia demuestra que la geoforma da un recurso hídrico, es intocable; pero si es una roca petrificada, ¿por qué no vamos a realizar una actividad ahí?". Olivera Lucero remarcó que el proyecto "devuelve a las autoridades locales la elección" y que ese "es el verdadero federalismo".

La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, fue la encargada de dar el cierre argumental. Dijo que se trata de "una falsa dicotomía" entre ambiente y productividad, y que la reforma permitirá "generar inversiones con previsibilidad para volver a ser un país rico". Bullrich apuntó contra el empleo público y afirmó que las provincias deben cambiar su matriz productiva: "Van a ver la cantidad de plata que va a entrar. No le tenemos miedo a la palabra inversión extranjera".

El cordobés Luis Juez, que en 2010 había votado a favor de la ley original y ahora apoyó la reforma, intentó despegarse de las críticas con un tono descalificador: "Ahora se convirtieron en aves australes, viven en el glaciar", dijo, y acusó a los ambientalistas de hacer "terrorismo ecológico".

Los proyectos mineros que esperan

La reforma no menciona explícitamente a las empresas, pero los números cantan. Argentina pasó de 160 proyectos mineros en 2022 a 325 en la actualidad, y varios de los más avanzados –como Josemaría, Los Azules y El Pachón, en San Juan– se ubican en zonas cercanas a glaciares de escombro. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) viene reclamando desde hace años "seguridad jurídica" para destrabar inversiones que, según sus cálculos, superan los 17.000 millones de dólares solo en los proyectos más grandes.

Desde el otro lado, los ambientalistas recuerdan que el agua dulce es un recurso cada vez más escaso y que los glaciares argentinos ya muestran un retroceso alarmante. El glaciar Perito Moreno perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, y en los Andes desérticos la reducción del hielo descubierto alcanza el 17% . En un contexto de crisis climática, advierten, modificar la ley para favorecer a la minería es "hipotecar el futuro".

Lo que viene

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá repetir la ingeniería de acuerdos que le permitió alcanzar los 40 votos en el Senado. La oposición ya anticipa que intentará introducir modificaciones, pero el gobierno confía en tener los números para sancionar la ley antes de mitad de año.

Mientras tanto, las organizaciones ambientales anunciaron que llevarán el caso a la justicia y que denunciarán la violación del Acuerdo de Escazú ante instancias internacionales. El debate de fondo, sin embargo, trasciende lo jurídico: ¿puede un país que se precia de tener la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo permitir que se exploten recursos mineros en zonas que alimentan sus cuencas hídricas? La respuesta, por ahora, quedó en manos de la política.