El Gobierno Nacional avanza en la privatización total de AYSA

El Decreto 494/2025 abre la puerta a la venta del 90 % de AySA y faculta cortes de suministro, en un contexto de tarifazos e impacto social vulnerable.

A través del DNU 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, el Gobierno autorizó la venta del 90 % de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). El proceso se realizará mediante licitación pública nacional e internacional, y el 10 % restante quedará en manos de los empleados sin un verdadero Programa de Propiedad Participada.

El decreto elimina más de cien artículos del marco regulatorio vigente desde 2006, permitiendo que la nueva concesionaria corte el servicio a usuarios residenciales con mora superior a 60 días, y a no residenciales sin previa advertencia tras 15 días de deuda. En paralelo, se habilitan ajustes tarifarios automáticos cada tres meses y aumentos extraordinarios por costos imprevistos.

Esta medida se justifica en un supuesto modelo económico donde la empresa operó en déficit masivo —con $13.400 millones de transferencia estatal entre 2006 y 2023— y no logró eficiencia operativa ni productividad. Sin embargo, en 2024 AySA cerró con un superávit operativo de 104.000 millones de pesos, producto de aumentos tarifarios que superaron ampliamente la inflación.

Críticas y riesgos concretos

• Derecho al agua amenazado: El acceso al agua es reconocido por la ONU como un derecho humano esencial. La habilitación de cortes pone en riesgo a sectores vulnerables que ya sufren crisis económica.

• Réplicas del fracaso de los ’90: En la anterior privatización de Aguas Argentinas, tarifas disparadas, redes deterioradas y promesas incumplidas fueron la norma antes de su rescisión.

• Tarifas fuera de control: El Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA‑CONICET) advierte que las boletas aumentaron 331 % en 2024 y el sistema ahora tiene margen para actualizar precios automáticamente.

• Desigualdad en prestación del servicio: Áreas no rentables podrían quedar marginadas del servicio o recibir inversiones mínimas, mientras los capitales privados priorizan ganancias.

• Debilidad institucional: El decreto avanza sin debates públicos ni controles parlamentarios, pese a tratarse de un bien estratégico. Asociaciones civiles y legisladores lo calificaron de inconstitucional.

La privatización total de AySA representa una apuesta ideológica de mercado sobre un derecho social básico. Al habilitar cortes por mora y transferir el control del agua a privados, se erosiona la noción del servicio como bien público. Las familias más vulnerables —amenazadas de perder acceso si no pueden pagar— resultan las más expuestas. El camino republicano exige transparencia, consulta y protección a quienes ya sufren el ajuste.