Aseguró que el Poder Judicial y los medios de comunicación provocaron un clima que facilitó la victoria de Mauricio Macri y el endeudamiento del país.
La sala I de la Cámara Federal de Casación inició esta mañana la audiencia previa a definir si cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito, con la vicepresidenta Cristina Kirchner conectada desde el Senado Nacional a la plataforma Zoom, para hablar ante los jueces y reclamar su sobreseimiento.
Desde las 10.30, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, encabezan la audiencia. Son los mismos jueces que a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. En aquella oportunidad, Petrone y Barroetaveña ratificaron esos dichos, con la disidencia de Figueroa.
En el inicio de su exposición (que se extendió 48 minutos), Cristina Kirchner se quejó porque la audiencia no fue presencial como había pedido su abogado.
“Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación”, añadió la vicepresidenta.
En otro tramo de su discurso, la ex jefa de Estado apuntó contra el presidente del tribunal y se quejó porque la transmisión oficial mostraba solamente su cara.
“A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, dijo.
El encuentro promete convertirse en un alegato político-económico de su gestión y la de su sucesor. Y también con críticas directas hacia la Justicia, en una semana caliente que se inició con el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y se reforzó con la polémica en torno a la creación de una comisión bicameral que controle a los funcionarios de tribunales.