Cristina pide absolución y el fiscal Luciani, asociación ilícita en la causa vialidad

Ambas partes han presentado sus argumentos y ahora será el turno de la Cámara de Casación de tomar una decisión.

En las últimas horas antes del plazo límite, tanto la defensa de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal han presentado sus respectivas apelaciones ante el Tribunal Oral Federal 2. El caso, que se centra en el otorgamiento de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, deberá ser remitido a la Cámara de Casación.

CFK ha insistido en su inocencia y ha pedido su absolución a través de un extenso escrito de 395 páginas, firmado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En el documento, la vicepresidenta califica el caso como un ejemplo de arbitrariedad fáctica y normativa.

Por otro lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han presentado un recurso de 528 páginas en el que piden la aplicación de la figura de asociación ilícita y la revocación de las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento de Carlos Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La defensa de CFK se centra en la falta de pruebas directas contra ella en las maniobras que el Tribunal consideró probadas. Los abogados argumentan que la utilización de "prueba indiciaria" para condenarla a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida es injusta. Además, se quejan de la introducción de pruebas al final del proceso que no fueron debatidas en el juicio. La defensa también afirma que no se pudo probar la defraudación, que los sobreprecios no se acreditaron con el peritaje oficial y que las obras por las que el Estado pagó sí se hicieron.

La defensa también señala que el decreto 54/2009 que modificó las condiciones para las licitaciones está vigente en la actualidad, es una norma legítima y no fue dictado para favorecer a Lázaro Báez ni a ningún contratista del Estado. Todas las obras cuestionadas estaban en los presupuestos nacionales y pasaron por el Congreso de la Nación. También se argumenta que hay una enorme "distancia entre la Presidencia de la Nación y los procesos de adjudicación, ejecución, certificación y pago de las obras viales".