Cacería digital de ARCA: buscan frenar la recategorización masiva de monotributistas

El diputado Guillermo Michel propone suspender por 180 días las facultades del fisco para reclasificar de oficio a pequeños contribuyentes por movimientos en billeteras virtuales. La medida ya afectó a más de 200 mil personas, que vieron triplicada su cuota mensual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desató una polémica de grandes dimensiones al iniciar un proceso de recategorización de oficio para monotributistas basado en los movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. Lo que el organismo presenta como un mecanismo de transparencia fiscal es denunciado por la oposición como una "criminalización" del uso de plataformas digitales que ya afectó a más de 200 mil contribuyentes, según estimaciones parlamentarias.

En respuesta, un grupo de diputados encabezado por Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó este miércoles un proyecto de ley para suspender por 180 días las facultades de ARCA para efectuar estas recategorizaciones compulsivas. La iniciativa lleva las firmas de Victoria Tolosa Paz, Ernesto "Pipi" Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Emir Felix, Juan Pablo Luque y el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, reflejando un arco opositor que trasciende los límites partidarios.

El mecanismo que enciende las alarmas

El sistema implementado por ARCA, denominado internamente MOREQ (Monotributo – Recategorización de Oficio), cruza la información que las plataformas digitales están obligadas a reportar mensualmente con la facturación declarada por cada contribuyente. Cuando los ingresos registrados en billeteras como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja superan los límites de la categoría declarada, el sistema procede a reclasificar de oficio al monotributista, sin discriminar si esos fondos corresponden efectivamente a actividad comercial gravada o a movimientos personales como préstamos, reintegros, venta de bienes usados o transferencias entre familiares.

El impacto concreto ya se siente en los bolsillos de los afectados. En algunos casos, la recategorización implicó un salto de categoría que triplicó la cuota mensual a pagar, pasando por ejemplo de 40.000 a 570.000 pesos, según advirtió un análisis publicado por Página 12 . La notificación llega al domicilio fiscal electrónico del contribuyente, quien dispone de apenas 15 días hábiles para presentar un descargo a través del sistema de "Presentaciones Digitales". Si no lo hace en ese plazo, la recategorización queda firme y no admite modificaciones para el período fiscal en curso.

El contador Alejandro Rosenfeld resumió la preocupación de los especialistas: "A todos nos está llegando de algún cliente al que pretenden recategorizar de oficio porque tiene en Mercado Pago más ingresos que la categoría. ARCA no considera préstamos, venta de un automóvil o cualquier otro ingreso que pudiera haber. Te recategoriza antes de preguntar".

Los fundamentos del proyecto opositor

El texto presentado por Michel sostiene que "en un contexto de crisis profunda producto de las decisiones de este Gobierno Nacional que tiene como consecuencias la caída de las ventas, volatilidad de los precios, los parámetros objetivos del régimen de facturación, pago de alquileres y pago de servicios pueden no reflejar capacidad contributiva real".

El diputado entrerriano argumenta que la inflación distorsiona la medición real de ingresos: "Las variaciones generan un desfasaje de períodos y la retracción del consumo genera irregularidades en los ingresos". Por eso, suspender la recategorización de oficio se fundamenta en "cuidar la economía de los efectores autónomos, y no les genere un desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales, de emprendimientos y/o de profesión; evitar la informalidad por incapacidad de pago de las obligaciones por elevar las categorías".

Michel fue particularmente crítico al contrastar esta medida con la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal: "El Gobierno libera a tipos de hasta 100 millones de pesos (de evasión) y porque te pasaste 1.000 pesos en una facturación, te van a recategorizar". La contradicción señalada por el legislador pone en el centro del debate la selectividad de las políticas de control fiscal del gobierno de Javier Milei.

El respaldo legal y las críticas técnicas

ARCA fundamenta su accionar en el inciso C del artículo 26 de la Ley 24.977 (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) y en la Resolución General 4309/2018 de la exAFIP, que establece el marco para el procesamiento de datos de operaciones electrónicas . Las plataformas digitales están obligadas a reportar operaciones cuando los movimientos superan determinados umbrales. Hasta mayo de 2025 rigieron límites más bajos —$400.000 para ingresos o egresos en el período y $700.000 para saldos mensuales—, lo que explica que muchas notificaciones actuales refieran a montos inferiores a los $50 millones que establece la normativa vigente hoy.

Sin embargo, especialistas tributarios cuestionan la mecánica del control. Noelia Girardi, del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que en la mayoría de las notificaciones "se observa que los ingresos provenientes de plataformas digitales superaron los límites permitidos para la categoría en la que el contribuyente estaba inscripto", pero advirtió que "revisar si la categoría asignada es correcta requiere un análisis detallado para identificar qué movimientos corresponden efectivamente a actividad gravada y cuáles se relacionan con transacciones personales que no deberían computarse como ingresos".

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, aportó una perspectiva contundente sobre la llamada "inocencia fiscal": "No existe la inocencia fiscal como principio legal para los monotributistas. El fisco actúa: si según sus sistemas no corresponde el monotributo, procederá a recategorizar o excluir, aunque siempre existe la posibilidad de presentar un descargo si la información no es correcta".

El impacto sobre la economía popular

El proyecto de Michel apunta a proteger a los sectores más vulnerables del entramado productivo. "Este proyecto pretende sostener el entramado productivo de nuestro país, sobre todo en los autónomos, que es el régimen formal de los sectores más frágiles de la sociedad", reza el texto legislativo.

Detrás de las cifras hay miles de pequeños contribuyentes que utilizan las billeteras virtuales como herramienta cotidiana de gestión financiera, no como instrumento de evasión. Profesionales, pequeños comerciantes, trabajadores de la economía popular y emprendedores que vieron en las plataformas digitales una forma de simplificar sus operaciones ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsados del régimen simplificado o de enfrentar cuotas impositivas imposibles de afrontar.

La discisión recién comienza. Mientras ARCA defiende la medida como un mecanismo legítimo de control fiscal, la oposición intentará darle estado parlamentario al proyecto de suspensión en los próximos días. El debate de fondo, sin embargo, trasciende lo técnico: ¿puede un Estado que se proclama no persecutorio aplicar sobre los contribuyentes más pequeños un control tan riguroso que no discrimina entre actividad comercial genuina y meros movimientos personales? La respuesta determinará no solo el futuro de millones de monotributistas, sino la credibilidad del discurso oficial sobre la "inocencia fiscal".