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La industria argentina contra las cuerdas: impulsan una "ley anti Shein" para frenar el boom de importaciones

  • Foto del escritor: Ambito Tucumano
    Ambito Tucumano
  • 27 ago
  • 4 Min. de lectura

Ante una caída del 28% en las ventas en dos años, la Cámara de la Indumentaria propone un proyecto inspirado en el modelo francés para regular plataformas como Shein y Temu, acusadas de competencia desleal.

La industria argentina contra las cuerdas: impulsan una "ley anti Shein" para frenar el boom de importaciones

La crisis en la industria textil argentina alcanzó un punto crítico. Con cinco de cada diez empresas registrando caídas en sus ventas durante el segundo trimestre de 2025 (con una merma promedio del 7%) y una contracción acumulada del 28% en los últimos dos años, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) avanza en la elaboración de una "ley anti Shein" para regular el funcionamiento de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu. La iniciativa, basada en el modelo sancionado recientemente por Francia, busca establecer controles más estrictos sobre las importaciones puerta a puerta que, según el sector empresarial, operan bajo condiciones anticompetitivas que están devastando la producción local.

El impacto devastador en la industria local

Los números son contundentes y reflejan una tormenta perfecta. Según datos de la Fundación Protejer, el 28% de caída en las ventas en los últimos dos años se explica por una combinación de factores: la fuerte recesión que golpeó el poder adquisitivo de los consumidores throughout 2024, el aumento de costos en dólares y, particularmente, el crecimiento explosivo de las compras online internacionales. Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía, lo resumió crudamente en una entrevista: "El Gobierno está priorizando un objetivo de cortísimo plazo... esas prendas que los consumidores encuentran con precios más baratos son las mismas que los dejan sin empleo". Analistas del sector señalan que los precios ofrecidos por estas plataformas suelen estar por debajo incluso del valor de las materias primas, lo que sugiere posibles irregularidades en las cadenas de producción y logística, incluyendo trabajo en condiciones precarias.

El boom de las plataformas y la respuesta logística

El crecimiento de estas plataformas es exponencial. Según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, los usuarios activos de Temu en Latinoamérica crecieron un 143% y alcanzaron los 105 millones de usuarios en la región. Este volumen de operaciones ha sido tan significativo que incluso obligó a Aeropuertos Argentina 2000 a ampliar su capacidad de almacenamiento en Ezeiza para responder al incremento de paquetes puerta a puerta. Esta ampliación de infraestructura, paradójicamente, facilita aún más el ingreso de productos que compiten con la industria local, creando un círculo vicioso que preocupa profundamente al sector textil argentino.

El modelo francés como inspiración

La propuesta de la CIAI se inspira directamente en la normativa que el parlamento francés sancionó en junio de 2025. El modelo galo incluye tres ejes principales:

  1. Tasas ecológicas progresivas por prenda vendida por empresas de ultra fast fashion

  2. Prohibición de la publicidad de moda ultrarápida, tanto en medios tradicionales como en redes sociales

  3. Sanciones por incumplimiento de normativas ambientales europeas.

Para el caso argentino, el "combo" regulatorio también incluiría cambios arancelarios e impositivos, controles ambientales, certificados de origen y regulaciones sobre niveles de toxicidad de los materiales. "Deberían pagar aranceles e impuestos por los beneficios que tienen por vender en nuestro país", argumentó una fuente empresarial.

El contexto regional: América Latina se protege

Argentina no está sola en esta preocupación. Países de la región ya han implementado o anunciado medidas similares para gravar con mayores aranceles e impuestos estos envíos, buscando proteger su producción local:

  • México elevó los aranceles a pequeños paquetes del 19% al 33,5%

  • Ecuador impuso una tasa de u$s20 por envío

  • Chile aplicará IVA del 19% desde octubre

  • Uruguay y Colombia preparan medidas similares.

Este movimiento regional coordinado indica que el fenómeno de las plataformas de fast fashion es percibido como una amenaza transversal a las industrias locales en toda América Latina.

La tensión con la agenda desreguladora oficial

El impulso de la "ley anti Shein" crea una tensión evidente con la política económica del Gobierno nacional. Mientras la CIAI y la Unión Industrial Argentina encienden luces de alarma sobre el impacto en el empleo y la producción nacional, el oficialismo insiste en su agenda desreguladora. La Secretaría de Desregulación, creada bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y consolidada con la Ley Bases (N.º 27.742), tiene como objetivo principal "remover trabas normativas que afectan la competitividad, el desarrollo productivo, la libertad económica y la vida diaria del ciudadano". Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, había destacado recientemente que el enfoque actual se centra en la desregulación económica, en contraste con la tradición del país de recurrir a políticas "hiper regulatorias".

¿Qué sigue?

El camino para la "ley anti Shein" se anticipa complejo. La CIAI planea una convocatoria amplia a todos los partidos políticos y actores productivos para sumar apoyos a la iniciativa. El sector textil busca construir un consenso transversal que le permita avanzar en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. "Tienen beneficios impositivos y logísticos que nosotros no tenemos. Es necesario equilibrar la cancha", señaló un dirigente empresario. El desafío para los legisladores será encontrar un equilibrio entre la necesaria protección de la industria y el empleo local, y los beneficios de la apertura comercial y las políticas desreguladoras que pregona el Ejecutivo. En juego está la supervivencia de una de las industrias más castigadas por la crisis económica reciente y la capacidad del país para definir un modelo de desarrollo que concilie la integración global con la protección de su base productiva.

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