Gobierno avanza hacia privatización de AySA y habilita cortes por falta de pago

El DNU 493/2025 permite cortar el agua a deudores, reestructura AySA y abre la puerta a la venta de acciones y capital privado.

El Ejecutivo nacional ha dado un paso decisivo hacia la privatización de AySA mediante la publicación del Decreto 493/2025 en el Boletín Oficial. Con esta medida, se reemplazan más de 100 artículos del marco legal anterior y, por primera vez en casi dos décadas, se habilita a la empresa a cortar el suministro por mora, lo que meta una lógica de concesión y responsabilidad financiera directa en los usuarios.

El decreto modifica el artículo 2° del histórico D.N.U. 304/2006, eliminando el carácter de intransferibles de las acciones estatales, y autorizando al Estado a enajenar de forma total o parcial su participación en AySA —hasta ahora del 90%—, con el objetivo de atraer capital privado. El restante 10% del paquete accionario continuará en manos de los empleados adheridos al programa interno.

Además de los cortes, AySA queda habilitada para auditar obras dentro del área regulada y podrá usar los ingresos provenientes de la concesión como garantía para financiamiento externo. El decreto establece también la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, elaborado por la Agencia de Planificación (APLA), con revisiones cada cinco años para priorizar inversiones, aunque sin carácter vinculante.

El texto, firmado por el presidente Milei y su gabinete, justifica la reestructuración señalando una crisis económica profunda que impide al Estado seguir subsidiando un servicio en crisis operativa y financiera, tras más de USD 13.400 millones transferidos desde 2006 sin mejorar su productividad.

La ley prevé un período de transición de cinco años luego de la privatización, con ajustes paulatinos al nuevo marco regulatorio para preservar el equilibrio económico-financiero del servicio.

El DNU 493/2025 marca un giro hacia la privatización parcial o total de AySA, otorgando poderes inéditos a la concesionaria, incluyendo la posibilidad de cortar el servicio por impago. La medida busca atraer inversiones y modernizar la gestión, aunque implica riesgos para los usuarios más vulnerables. El impacto real dependerá de cómo se implementen y regulen estas nuevas facultades.