El Gobierno incrementó partidas a hospitales pediátricos mientras sigue suspendida la ley de emergencia

Mediante una decisión administrativa, se reasignaron fondos para hospitales como el Garrahan y El Cruce. La Ley de Emergencia Pediátrica sigue sin aplicarse por falta de financiamiento.

El Gobierno nacional dispuso un incremento en el presupuesto destinado a hospitales y centros de salud de alta complejidad, con especial foco en establecimientos pediátricos, a través de una decisión administrativa que busca paliar la crítica situación del sector. La medida, oficializada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mediante la Decisión Administrativa 29/2025 publicada en el Boletín Oficial, se produce en un contexto donde la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada por el Congreso permanece suspendida por el Ejecutivo.

El refuerzo presupuestario alcanzará a hospitales clave como el Garrahan, El Cruce, el hospital de Alta Complejidad de El Calafate, y los hospitales Presidente Néstor Kirchner y René Favaloro, entre otros. También se incluyen establecimientos de salud mental como el hospital Laura Bonaparte y el instituto Dr. Juan Otimio Tesone. Los recursos estarán destinados a cubrir gastos operativos, sueldos y insumos en estas instituciones.

Esta asignación se realiza pese a que el Poder Ejecutivo mantiene suspendida la aplicación de la Ley N° 27.796 de Emergencia Pediátrica, sancionada en mayo pasado. El Gobierno argumenta que la norma no determinó la fuente de financiamiento necesaria para su implementación sin comprometer el equilibrio fiscal, estimando que su costo ascendería a $196.270 millones, cifra que supera ampliamente el presupuesto actual del Ministerio de Salud.

Francos aseguró que, a pesar de la postergación de la ley, el Gobierno tiene "la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso". La ampliación del presupuesto sanitario se concretará mediante una disminución proporcional de créditos asignados a la Jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro, lo que permite al Ejecutivo reordenar partidas sin requerir una nueva asignación votada en el Legislativo.