Bullrich desafía a la Justicia: despliega fuerzas federales en protesta de jubilados pese a orden judicial

La ministra aplicará el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados y CGT, ignorando el fallo que reservaba la seguridad a la Policía porteña.

En un nuevo capítulo de tensión institucional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que las fuerzas federales intervendrán este miércoles 9 de abril en la masiva protesta y movilización de jubilados y sindicatos de la CGT frente al Congreso, desafiando explícitamente la resolución del juez Roberto Gallardo que limitaba su actuación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La medida judicial buscaba preservar la autonomía porteña, ordenando que solo la Policía local gestionara el operativo.

El protocolo antipiquetes fue creado en 2023, autoriza a fuerzas federales a dispersar protestas que obstruyan vías, con uso de fuerza graduada. Ha sido cuestionado por organismos de DDHH y la ONU por violar estándares internacionales.

En marzo de 2025, una represión liderada por Bullrich contra jubilados dejó al fotoperiodista Pablo Grillo en grave estado, lo que habría motivado el paro general de la CGT.

Claves del conflicto

El juez Gallardo aceptó un amparo presentado por la CGT, UTEP y UEJN, argumentando que la intervención federal violaría la autonomía de CABA. Bullrich tachó la decisión de "extralimitación" y denunció al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño", acusándolo de forum shopping (buscar un juez favorable) .

Bullrich justificó su accionar afirmando que las fuerzas federales son necesarias para garantizar la circulación en la "capital de todos los argentinos". Criticó los paros generales como una "práctica de la casta" y defendió el protocolo antipiquetes, que aplicará según el tamaño de la protesta: represión directa en manifestaciones pequeñas y contención en las grandes.

La CGT anunció que marchará igual, calificando el protocolo de "represivo", mientra que el diputado Gabriel Solano (FIT) denunció ilegalidad en la decisión de Bullrich.

Más de 30 jueces porteños rechazaron la denuncia contra Gallardo, advirtiendo un intento del Ejecutivo de "condicionar a la Justicia".

Implicancias legales y políticas

• Riesgo de violencia: Gallardo alertó sobre un "riesgo cierto" basado en operativos anteriores, mientras Bullrich insiste en que su protocolo evita el "caos".

• Crisis interjurisdiccional: El conflicto refleja la pugna entre el Gobierno nacional y CABA por el control de la seguridad, agravada por la cercanía del paro general del jueves 10 de abril.

Próximos pasos:

• La Cámara de Apelaciones porteña ya revocó parcialmente el fallo de Gallardo, pero Bullrich mantiene su postura.

• Organizaciones de DDHH y la ONU monitorean el operativo, ante posibles denuncias por excesos.

Un día crítico para los derechos de protesta y el equilibrio de poderes en Argentina.