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Prisión preventiva y embargo para presunta autora de una de las amenazas de bomba

Una alumna de la escuela Juan Luis Nougues enfrenta 60 días de prisión y embargo millonario. Impacto social y legal en debate.


En un caso que ha sacudido a la comunidad, una joven de 18 años enfrenta una sentencia sin precedentes por su presunta participación en una amenaza de bomba dirigida a la escuela Juan Luis Nougués. La fiscal Mariana Rivadeneira ha solicitado 60 días de prisión preventiva y un embargo de $3 millones debido a los costos y la angustia causados por esta acción amenazante.


La acusada, identificada como Malena Anahí Serrano, ha sido acusada de enviar mensajes a través de WhatsApp a una docente de la escuela, informando sobre la colocación de artefactos explosivos en las instalaciones. Además, se alega que la joven intentó obstaculizar la investigación al dar de baja la línea y reportar un robo de teléfono.


Es la primera vez que se procesa a alguien bajo el cargo de intimidación pública en el área. Aunque existen antecedentes de casos similares, este destaca por ser perpetrado por un estudiante y por la severidad de la respuesta legal.


La fiscal argumenta que la amenaza causó no solo una conmoción social, sino también un gasto significativo para el Estado, que tuvo que movilizar recursos de seguridad y emergencia. Además, resalta el impacto económico en los comercios de la zona y en la comunidad en general. Esta perspectiva lleva a la solicitud de un embargo millonario, que se considera necesario para cubrir los costos y prevenir futuros incidentes similares.


El defensor de la acusada argumenta en contra de las acusaciones, sosteniendo que carecen de pruebas sólidas y que violan los derechos de su defendida. Sin embargo, el juez Alejandro Valeros coincide con la fiscal en que existen pruebas de que la acusada intentó entorpecer la investigación y que su influencia podría perjudicar a testigos, como la docente que recibió los mensajes.


El caso plantea cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre la libertad individual y la seguridad pública. La sociedad se ve enfrentada a las implicaciones legales y sociales de estos actos, que van más allá del simple hecho delictivo y resuenan en el tejido mismo de la comunidad educativa y la sociedad en general. Con este caso en curso, la justicia debe decidir cómo equilibrar la responsabilidad individual y el bienestar colectivo en un contexto de crecientes amenazas y delitos similares.

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