La inflación trepó al 2,9% con medición desactualizada y el INDEC quedó al borde de su peor crisis

Con la fórmula de edición del 2004, los precios aceleraron por octavo mes consecutivo. Alimentos se disparó 4,7%. ATE denuncia “IPC intervenido” y el diputado Paulón presentó una denuncia penal contra Caputo, Adorni y las nuevas autoridades del organismo.

Ni siquiera la decisión de mantener la canasta de consumo congelada desde 2004 pudo esconder el rebrote inflacionario. El INDEC informó este martes que el IPC de enero fue del 2,9%, una décima por encima del 2,8% de diciembre, confirmando la octava suba mensual consecutiva y la mayor variación desde marzo de 2025. El dato, medido con la metodología que el propio organismo consideraba obsoleta y que debía reemplazarse desde enero, llegó en el peor momento institucional: a una semana de la renuncia de Marco Lavagna y en plena misión del FMI en Buenos Aires.

El número oficial no solo quedó lejos del 2,4% que proyectaba el REM del BCRA y la mayoría de las consultoras privadas, sino que expuso una dinámica de precios que el Gobierno ya no puede atribuir a “herencia recibida” o a “reacomodamiento transitorio”. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 4,7%, el registro más alto desde octubre, impulsado por carnes y verduras . Restaurantes y hoteles subió 4,1%; Comunicación, 3,6%; y Vivienda, 3%. Los precios estacionales, con un 5,7%, lideraron las subas.

La tormenta perfecta: estadística congelada, credibilidad en llamas

La publicación del índice encontró al INDEC en estado de acefalía política y asedio gremial. Quince minutos antes de que se difundiera el 2,9%, los trabajadores de ATE realizaron una radio abierta en la puerta del organismo y lanzaron un comunicado demoledor: denunciaron que el IPC se encuentra “intervenido” y que la negativa a publicar la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 constituye “una intromisión en las estadísticas públicas que rechazamos de plano”.

“Lo que realmente le preocupa al gobierno es que el IPC se utiliza para actualizar jubilaciones y asignaciones familiares, es referencia en las negociaciones paritarias e inclusive está indexado a las bandas de flotación del dólar. Mediante esta medida el gobierno pretende seguir ajustando a la baja los ingresos de los sectores populares”, advirtió el gremio. En paralelo, denunciaron que en el organismo que calcula la pobreza hay trabajadores que cobran $500.000 y acumulan una pérdida salarial del 30% por paritarias a la baja.

La respuesta judicial no tardó. El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el nuevo titular del INDEC, Pedro Lines; y la directora técnica del IPC, Josefina Rim. Los acusa de abuso de autoridad y destrucción o inutilización de documentos públicos (artículos 248 y 255 del Código Penal) por haber frenado de manera arbitraria un proyecto que costó 5 millones de dólares y cinco años de trabajo técnico, avalado por el FMI y la OCDE.

El antecedente que esgrime Paulón no es menor: el 5 de mayo de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri por la manipulación del IPC en 2007. “La sentencia está firme. El Gobierno repite el libreto: frenar la actualización técnica para evitar que los servicios —que suben por los tarifazos— tengan mayor peso en el índice”, sostiene la denuncia.

El FMI en la sala: 1.000 millones de dólares en juego

La misión técnica del Fondo Monetario, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, ya está en Buenos Aires desde el 5 de febrero para la segunda revisión del acuerdo. El propio organismo había dejado asentado en su staff report de agosto de 2025 que esperaba la publicación del IPC actualizado “a fines de 2025” con el fin de “mejorar la calidad de los datos”. Esa fecha se corrió a enero y, finalmente, quedó suspendida sine die.

El exrepresentante argentino ante el FMI, Héctor Torres, reconoció que el tema es “sensible” porque “hace unos pocos años falsificábamos estadísticas y fuimos sancionados por el Fondo, y nos costó mucho recuperar la credibilidad”. Aunque aclaró que la situación actual “no es comparable” y que el waiver por la meta de reservas —otra vez incumplida— será aprobado, admitió que mantener una canasta de consumo de hace 20 años requiere una dispensa.

El BCRA, en su último Informe de Política Monetaria, había explicado que la actualización buscaba reflejar cambios en los patrones de consumo, la aparición de nuevos bienes y servicios, y la necesidad de “coherencia para las cuentas nacionales”. Hoy, esa actualización está congelada por decisión expresa de Caputo, quien justificó la medida con un argumento que ya es histórico: se hará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”.

El costo político de un número

El 2,9% no solo perfora el relato oficial del “orden macroeconómico”. También expone el verdadero motivo del blindaje metodológico. Según reconstruyó este medio, la nueva canasta —con mayor ponderación para servicios como alquileres, tarifas, telefonía móvil y plataformas de streaming— habría arrojado una inflación de enero superior al 3%. La consultora PxQ fue la única que arriesgó públicamente ese número. El resto del mercado estimó entre 2,2% y 2,6% y subestimó el impacto de los alimentos.

Lo que nadie discute ya, ni siquiera en la Rosada, es que la credibilidad del INDEC ha ingresado en zona de peligro. El consenso político, incluso entre economistas que apoyan la gestión, es que el índice más confiable hoy es el IPC CABA, precisamente porque utiliza la encuesta de gastos 2017/2018 que Milei y Caputo se niegan a aplicar a nivel nacional.

Con ocho meses consecutivos de alza, una inflación interanual del 32,4%, alimentos escapados al 4,7% y un INDEC que ya no puede mirarse al espejo sin ver el fantasma de 2007, la pregunta ya no es cuándo se actualizará la canasta, sino cuánto daño le llevará al Gobierno reparar lo que, con sus propias manos, acaba de romper.