El Gobierno asegura tener los votos para la reforma laboral, pese al rechazo de la oposición

Con cambios clave en vacaciones, juicios e indemnizaciones, el oficialismo busca aprobar la ley en el Senado este miércoles. Negocia con gobernadores y enfrenta críticas por la "pérdida de derechos".

El Gobierno nacional se mostró este lunes confiado en lograr un triunfo legislativo clave: la media sanción de la reforma laboral en el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa este miércoles, un proyecto que modifica reglas históricas del empleo formal y que despierta fuertes críticas de la oposición y sectores sindicales.

Los pilares de una reforma polémica

La iniciativa, una de las piedras angulares de la agenda económica de Javier Milei, propone cambios profundos en tres áreas fundamentales:

• Vacaciones flexibles: Se permitirá acordar entre empleador y trabajador la toma de períodos de descanso de manera más fragmentada (por ejemplo, una semana en un momento y otra en otro), buscando adaptar el régimen a "realidades actuales" como el trabajo remoto.

• Fondo de Asistencia Laboral: Se crea un fondo estatal para garantizar el pago de indemnizaciones, con el objetivo declarado de evitar que los juicios laborales afecten la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

• Modificaciones en los juicios laborales: El proyecto busca desalentar litigios, eliminando multas y estableciendo una tasa única para la actualización de sentencias, lo que —según el Gobierno— reducirá los costos de los despidos y fomentará la contratación formal.

La negociación política: ceder en Ganancias para asegurar votos

La confianza expresada por Santilli y por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tiene un sustento concreto: intensas negociaciones con gobernadores de provincias cuyos senadores son clave para alcanzar la mayoría. El punto de fricción principal era la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto original, que los mandatarios provinciales rechazaban por el impacto negativo en la coparticipación que reciben.Frente a esto, el Gobierno confirmó que aceptará quitar ese capítulo del texto a cambio del apoyo político. Esta concesión fue ofrecida a senadores que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), entre otros. "El objetivo central de la ley no se ha modificado", aclaró Santilli, subrayando que los cambios no alteran la esencia "regresiva" de la reforma, según la calificación de sus críticos.

Críticas y advertencias: "No genera trabajo, solo persigue gremios"

Mientras el oficialismo afina los últimos detalles, la oposición, centrales sindicales y especialistas en derecho laboral alzaron su voz de alerta. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, desmintió categóricamente el argumento oficial de que la ley generará empleo formal: "No genera trabajo, sólo persigue a los gremios", afirmó.Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz denunció haber recibido "presiones y amenazas" dirigidas a legisladores para que no apoyen el proyecto, en un intento por marcar distancia de los sectores del peronismo que sí avalarían la reforma. Desde la oposición se insiste en que la iniciativa recorta derechos históricos y beneficia exclusivamente a los empleadores, sin evidencias de que logre reducir la informalidad laboral, que ronda el 50%.

Con el debate programado para las próximas horas, el Gobierno apuesta a dar un paso decisivo en su agenda. La votación en el Senado no solo definirá el futuro de esta reforma, sino que marcará la capacidad del oficialismo de construir acuerdos y avanzar con leyes estructurales en un año legislativo que recién comienza.