Diario Digital

El presidente de EE.UU. lanzó un ultimátum a Teherán en medio de la ofensiva militar que ya cobró la vida del líder supremo iraní y de miles de civiles, incluidos más de 180 niños. La comunidad internacional pide una desescalada mientras los bombardeos no cesan. La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto de no retorno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció al máximo su postura ante Irán y exigió este viernes la "rendición incondicional" del país persa, descartando de plano cualquier posibilidad de acuerdo diplomático para poner fin al conflicto bélico desatado el pasado 28 de febrero. "No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional", manifestó Trump en su plataforma Truth Social, en un mensaje que no dejó margen para la negociación. El mandatario estadounidense condicionó cualquier tipo de asistencia futura a que Teherán acepte esa rendición y permita la "selección de un gran y aceptable líder". Sólo entonces, aseguró, EE.UU. y sus aliados trabajarán "incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca antes". Una semana de fuego y muerte Las declaraciones de Trump se producen en el marco de la operación militar conjunta denominada "Furia Épica" por EE.UU. e Israel, que ya completa una semana de ataques ininterrumpidos contra territorio iraní. El saldo es devastador: más de 1.300 personas han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA). Entre las víctimas fatales se cuentan al menos 181 niños, mientras que más de 5.400 civiles han resultado heridos, incluidos 100 menores de edad. Uno de los episodios más trágicos ocurrió durante el primer día de bombardeos en la provincia de Minab, donde un ataque contra un colegio causó la muerte de al menos 165 alumnas. La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, resaltó que alrededor del 30% de los fallecidos desde el inicio del conflicto son menores de edad, una cifra que ha conmocionado a la opinión pública internacional. El ataque inicial, lanzado en la madrugada del 28 de febrero, tuvo como blanco la oficina del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, quien falleció en el bombardeo junto a otros altos mandos militares, incluyendo al jefe del Estado Mayor del ejército y al ministro de Defensa. La muerte de Jamenei, la figura más poderosa de Irán durante décadas, abrió un vacío de poder en la teocracia gobernante y puso al régimen en "modo de supervivencia", según analistas internacionales. La respuesta iraní y la escalada regional Lejos de doblegarse, Irán respondió con una andanada de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó lo que denominó "Operación Promesa Verdadera IV", atacando objetivos en Israel y en países del Golfo como Baréin, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde están emplazadas instalaciones militares de EE.UU.. El domingo, un misil iraní mató a una mujer en el área de Tel Aviv, mientras que en Dubái, la metralla de un ataque causó una víctima fatal y los escombros de las intercepciones aéreas provocaron incendios en el principal puerto de la ciudad y en la fachada del emblemático hotel Burj Al Arab. Las defensas aéreas de varios países del Golfo han trabajado a destajo para interceptar los proyectiles, pero el impacto en la infraestructura y la población civil es cada vez mayor. El conflicto se ha extendido más allá de las fronteras iraníes. Líbano se convirtió en un nuevo frente de batalla, con la reactivación del conflicto entre Israel y la milicia Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Teherán. El ejército israelí lanzó una invasión terrestre en el sur de Líbano y ha bombardeado los suburbios de Beirut, mientras que Hezbolá respondió con ataques contra el norte de Israel. Llamados internacionales a la paz Mientras la maquinaria bélica no se detiene, diversas voces en la arena internacional han instado a una desescalada del conflicto. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, urgió a los Estados implicados "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz". Las palabras de Trump, sin embargo, parecen alejar cualquier posibilidad de diálogo. Frente a esta escalada, China ha pasado de la condena verbal a la acción diplomática directa. El gobierno chino ha desplegado una intensa ronda de contactos con las partes involucradas para intentar descomprimir la crisis. Según informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, el canciller Wang Yi ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En estas llamadas, Wang Yi ha sido enfático al señalar que "las operaciones militares deben cesar de inmediato" y ha abogado por "lograr un pronto retorno al diálogo y la negociación" para evitar una mayor escalada de las tensiones. China ha reiterado su firme oposición al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, calificando los ataques como una violación de la Carta de la ONU. Como gesto concreto de su compromiso mediador, China anunció el envío a la región de su Enviado Especial para la Cuestión del Oriente Medio, Zhai Jun, para trabajar activamente en la desescalada de las tensiones. Por su parte, Rusia ha optado por una estrategia de contención basada en sus estrechos lazos tanto con Irán como con las monarquías árabes del Golfo. El presidente Vladimir Putin inició la semana con una jornada de intensa diplomacia telefónica, conversando con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Durante estas conversaciones, Putin ofreció utilizar sus nexos con Teherán para intentar contribuir a estabilizar la situación. El mandatario ruso manifestó su disposición a hacer llegar a Irán las preocupaciones de los países del Golfo, como la expresada por Emiratos Árabes Unidos, que subrayó que los ataques iraníes en su territorio "no tienen justificación". El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también ha sido muy crítico con la ofensiva, denunciando que busca provocar una división entre Irán y sus vecinos árabes y advirtiendo de las "colosales consecuencias negativas para todo el mundo" si el conflicto se expande. Moscú ha condenado enérgicamente el ataque a la escuela de niñas en Minab, calificándolo de inaceptable. Tanto China como Rusia, a pesar de ser socios estratégicos de Irán, han evitado ofrecer un respaldo militar directo, enfocándose en cambio en una solución política que evite una guerra regional a gran escala que desestabilizaría la economía global y la seguridad energética, intereses vitales para ambas potencias. El conflicto en Irán, que algunos analistas ya califican como una prueba existencial para el régimen de los ayatolás, podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. Por ahora, el camino de la diplomacia parece clausurado y la región se encamina hacia una guerra de consecuencias impredecibles.

El presidente ucraniano advirtió que si Hungría sigue bloqueando un préstamo de 90.000 millones de euros, "daremos su dirección a nuestras Fuerzas Armadas". La UE observa con preocupación la situación. La crisis diplomática entre Ucrania y Hungría alcanzó este jueves un nivel de tensión sin precedentes, con acusaciones cruzadas que incluyen amenazas militares y la retención de ciudadanos y bienes. En el centro del conflicto está el oleoducto Druzhba, por el que Hungría recibe petróleo ruso, y un paquete de ayuda europea de 90.000 millones de euros que Budapest mantiene bloqueado. "Daremos su dirección a nuestras FF.AA." Durante una reunión pública con su gabinete, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó una advertencia directa contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. "Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones, o la primera partida, y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento. Si no es así, le daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma", declaró Zelenski. Las palabras del mandatario fueron interpretadas en Budapest como una amenaza de muerte. El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reaccionó con dureza en su cuenta de X: "Esto va más allá de todo límite. Así es Ucrania. Esta es la clase de 'cultura' que proviene de Kiev. Y este es el hombre al que Bruselas admira". Orbán, por su parte, afirmó este viernes en declaraciones a la radio pública que la amenaza "no va contra mí, sino contra todo el país", y advirtió que Hungría no se doblegará: "Detendremos el paso por Hungría de cosas que son importantes para Ucrania hasta que obtengamos la aprobación de los ucranianos para los envíos de petróleo". El convoy retenido: 75 millones de dólares y 9 kilos de oro Horas después de la amenaza de Zelenski, la tensión escaló a un nuevo nivel. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, denunció que las autoridades húngaras habían "tomado como rehenes" a siete ciudadanos ucranianos, empleados del banco estatal Oschadbank, que transitaban por territorio húngaro en dos vehículos blindados. Según la información proporcionada por el banco y por Sibiga, el convoy transportaba 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilogramos de oro, con un valor total cercano a los 80 millones de dólares. El dinero viajaba desde Austria hacia Ucrania como parte de servicios regulares entre bancos estatales, en el marco de un acuerdo con el Raiffeisen Bank de Austria. La Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría confirmó la detención de los siete ciudadanos y la incautación de los vehículos, y anunció que se inició un proceso penal por presunto lavado de dinero. Según las autoridades húngaras, entre los detenidos hay un exgeneral de los servicios de inteligencia ucranianos. Sibiga calificó el hecho como "terrorismo de Estado y extorsión", y exigió la liberación inmediata de los trabajadores. Oschadbank, por su parte, publicó un comunicado en el que pide la "liberación inmediata de sus empleados y propiedades" y denuncia que los vehículos, según datos de GPS, se encuentran retenidos en el centro de Budapest, cerca de dependencias de seguridad húngaras. El conflicto de fondo: el oleoducto Druzhba La raíz del enfrentamiento es el corte del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que desde el 27 de enero dejó de operar tras un ataque que, según Ucrania, fue perpetrado por Rusia. Budapest acusa a Kiev de mantener el bloqueo por razones políticas y exige la reanudación inmediata del flujo, así como el acceso de inspectores húngaros para verificar los daños. Orbán condiciona a esa reanudación el levantamiento de su veto al préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como al 20° paquete de sanciones contra Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado públicamente a Zelenski a "acelerar" las reparaciones necesarias para restablecer el tránsito. Reacciones cruzadas y el factor electoral El conflicto se desarrolla en un contexto políticamente sensible: Hungría celebrará elecciones generales el 12 de abril. Orbán ha colocado el enfrentamiento con Ucrania en el centro de su campaña, acusando a Kiev de interferir en los asuntos internos húngaros y de querer imponer un gobierno "proucraniano" en Budapest. Incluso la oposición húngara salió al cruce de las palabras de Zelenski. El líder del partido Tisza, Péter Magyar —principal rival de Orbán según las encuestas—, exigió al presidente ucraniano que "aclare sus palabras y, si realmente las dijo, se retracte". "Ningún líder de un Estado extranjero puede amenazar a nadie, ni a un solo húngaro", afirmó Magyar en un comunicado. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se sumó a la disputa y sugirió que otros estados miembros podrían unirse al bloqueo del préstamo si Zelenski continúa con lo que calificó como un "chantaje indignante". Mientras tanto, el ministerio de Exteriores ucraniano emitió una recomendación a sus ciudadanos para que eviten viajar a Hungría, alegando que "no se puede garantizar su seguridad ante las acciones arbitrarias de las autoridades húngaras". La UE observa con preocupación cómo una disputa energética se transforma en una crisis diplomática de consecuencias impredecibles.

En el marco del 8M, el Ministerio de Salud realiza este viernes una jornada en Plaza Urquiza con servicios de prevención. Además, el hospital móvil estará en el Predio Ferial Norte los días 6 y 13 de marzo con estudios clave para la detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán desplegará una serie de acciones destinadas a acercar servicios sanitarios a la comunidad y promover el cuidado integral de la salud femenina. La iniciativa forma parte de la campaña "Cerca tuyo, cuidando tu salud" 8M – 2026, una estrategia que busca fortalecer el acceso a controles médicos y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de enfermedades. Jornada en Plaza Urquiza Este viernes 6 de marzo, de 9 a 13 horas, la Plaza Urquiza será el escenario de una jornada especial de promoción y prevención. Allí, profesionales de la salud brindarán información y asesoramiento a las mujeres que se acerquen, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y derribar barreras en el acceso al sistema sanitario. La propuesta incluye actividades orientadas a concientizar sobre la relevancia de los controles periódicos y el diagnóstico oportuno, herramientas fundamentales para reducir la morbimortalidad por enfermedades evitables. Hospital móvil en el Predio Ferial En paralelo, el hospital móvil del Siprosa estará presente los días 6 y 13 de marzo, también de 9 a 13 horas, en el Predio Ferial Norte (Charcas 51). Allí se ofrecerán estudios gratuitos de alta complejidad, como ecografías mamarias, mamografías y Papanicolaou (PAP), esenciales para la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino. La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a estudios que, en muchos casos, resultan de difícil acceso para mujeres de sectores vulnerables o que viven en zonas alejadas de los grandes centros de salud. La presencia del hospital móvil en puntos estratégicos de la capital permite descentralizar la oferta de servicios y acercar la prevención a la comunidad. Políticas públicas con perspectiva de género Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas que impulsa el Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, orientadas a fortalecer la prevención y garantizar el acceso equitativo a servicios sanitarios en toda la provincia. La cartera sanitaria trabaja en articulación con distintas áreas del Gobierno provincial, en el marco de los lineamientos de gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien promueve el acercamiento del sistema sanitario a la comunidad y el fortalecimiento de estrategias que prioricen el bienestar de la población. El Mes de la Mujer encuentra así al sistema de salud provincial consolidando espacios de atención y acompañamiento destinados a las mujeres, con un enfoque integral que combina la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el acceso a estudios de alta calidad. La convocatoria está abierta a todas las mujeres que deseen realizar sus controles o simplemente informarse sobre cómo cuidar su salud.

Los educadores que utilicen líneas metropolitanas y rurales pagarán 20% menos por el abono mensual. La medida rige desde el 3 de marzo y elimina el piso mínimo de viajes. El Gobierno de Tucumán oficializó un incremento sustancial en el beneficio de transporte para los docentes de la provincia. A través de las Resoluciones N° 1109 y N° 1151 Aclaratoria, el Poder Ejecutivo dispuso generalizar al 50% el descuento en el valor del boleto de ómnibus para todos los educadores que tramiten abonos en líneas interurbanas y rurales, eliminando además el piso mínimo de viaje que regía en ciclos lectivos anteriores. La medida, que rige desde el lunes 3 de marzo, fue anunciada por el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, quien destacó el alcance de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo. "Queremos dar la seguridad a todos los docentes de la provincia que ocupan las líneas de transporte provinciales, tanto metropolitanas como rurales, de que se establece el 50% de descuento para los abonos docentes", afirmó el funcionario, remarcando que "todos los tramos tienen el descuento". El director de Transporte, Sergio Apestey, explicó los detalles de la mejora. Según precisó, hasta el año pasado los docentes de la zona Metropolitana accedían a un abono con un descuento del 30%. Este año, por decisión del Ejecutivo y tras un acuerdo con los empresarios del transporte automotor, se sumó un 20% adicional, totalizando el 50% acordado. Como resultado, "todo docente paga un abono de 2000 pesos", detalló Apestey. Alcance y límites del beneficio La resolución provincial alcanza a las líneas metropolitanas y rurales, pero no modifica la situación en la capital. Apestey aclaró que "las líneas 1 a las 19 son urbanas y es un tema netamente que corresponde a la Intendencia capitalina", por lo que los educadores de San Miguel de Tucumán mantienen el descuento del 30% sobre el valor del abono, conforme a lo dispuesto por ordenanza municipal. La normativa también ratifica los descuentos vigentes para otros sectores que utilizan el sistema de abonos. Los estudiantes de nivel primario cuentan con un beneficio del 30%; los alumnos secundarios, universitarios y de educación popular o especialidades acceden a un 40% de descuento. Asimismo, empleados y obreros que utilicen líneas interurbanas y rurales pueden obtener un 30% de descuento. En todos los casos, el paquete mínimo establecido es de 22 viajes mensuales. La medida representa un alivio significativo para los bolsillos docentes en un contexto de inicio de ciclo lectivo y se enmarca en las políticas de acompañamiento del gobierno provincial hacia el sector educativo, en medio de las negociaciones paritarias que aún mantienen en instancia de conciliación a los gremios mayoritarios.

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló la magnitud de la crisis fabril. El empleo industrial cayó en 100.000 puestos en dos años, la capacidad instalada opera en niveles críticos y el peso del sector en la economía se redujo al 13,7%, el más bajo en 90 años. La industria manufacturera argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, dimensionó con cifras el impacto de la política económica sobre el entramado productivo: desde noviembre de 2023, el sector perdió 160 empleos por día –considerando trabajadores registrados e informales–, el Producto Bruto Industrial per cápita retrocedió a valores de 1985 y la participación de la industria en el PBI total cayó al 13,7%, el nivel más bajo en 90 años. El estudio, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo y estadísticas oficiales, precisó que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la industria manufacturera eliminó 77 empleos registrados por día, más de 2.300 por mes. "Más del 25% de los empleos que eliminó la economía durante la actual administración corresponden al sector industrial", señala el documento. Si se incorpora la informalidad –que según el Centro de Estudios de la UIA afecta a más de la mitad del empleo fabril–, la destrucción asciende a aproximadamente 100.000 puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2023 y mediados de 2025. En términos históricos, desde el máximo de empleo industrial registrado en octubre de 2013, el sector perdió cerca de 115.000 trabajos formales en doce años, una caída del 9%. Producción estancada y capacidad ociosa récord El deterioro del empleo es la consecuencia directa de un desplome productivo sin precedentes. El CEHEAL mostró que el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita industrial es similar al de 1985, casi 30 puntos porcentuales por debajo de los picos de 1974 y 2011. La caída sectorial durante el actual gobierno alcanzó el 8,3%, con un uso de capacidad instalada que promedió el 58% en el bienio 2024-2025, uno de los registros más bajos del último decenio, apenas dos puntos por encima del nivel observado durante la pandemia de 2020. Los datos del INDEC de noviembre de 2025 ya anticipaban esta tendencia, con sectores como el textil operando al 29,2% de su capacidad, la metalmecánica al 39,9% y la industria automotriz al 46,3%. La consecuencia es una pérdida sostenida de peso relativo de la industria en el conjunto de la economía. Entre 2023 y 2025, la participación del sector en el PBI total pasó del 16,5% al 13,7%, el nivel más bajo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) redujeron su incidencia al 28%. Bienes de capital y la invasión importada Uno de los capítulos más críticos del informe es el que analiza la industria de bienes de capital, un sector estratégico por su capacidad de dinamizar el resto del entramado productivo. "La producción local cayó casi 25% entre 2023 y 2025, mientras las importaciones se dispararon al 77%", señala el estudio. La apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, sumada a la apreciación cambiaria y la eliminación de barreras, profundizó la brecha de competitividad en un contexto donde los principales socios comerciales mantienen políticas activas de protección industrial. El informe de la UBA también detectó un "desfinanciamiento público del sector", con el apoyo estatal concentrado exclusivamente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que las tasas de interés exhibieron una elevada volatilidad desde mediados de 2025, lo que dificultó las posibilidades de las empresas para acceder al crédito. La situación es particularmente grave para las pequeñas y medianas empresas: según relevamientos de la UIA, unas 30.000 firmas están calificadas como "entidades en estrés financiero alto", al borde de la cesación de pagos o el concurso preventivo. Una economía a dos velocidades El trabajo académico contrasta el desempeño industrial con el de otros sectores que sí mostraron crecimiento en el período. "La actividad de mayor crecimiento fue la intermediación financiera, con un 25%, casi veinte veces el incremento de la economía en su conjunto", puntualiza el documento. Otros sectores que superaron en más de diez veces el promedio nacional fueron la minería, la hotelería y gastronomía, y el agro, evidenciando una marcada dualidad en la estructura productiva argentina. Esta dinámica configura un escenario donde, según advierten los especialistas, la Argentina corre el riesgo de consolidar un modelo primarizado, con sobrevivencia exclusiva de los sectores vinculados a la extracción de recursos naturales (minería, energía y agro), mientras que el sector manufacturero –textil, calzado, metalmecánica– queda reducido a un nicho residual. La advertencia del CEHEAL es clara: sin una política industrial activa que contemple líneas de crédito blandas, protección inteligente ante la competencia desleal y fomento real al consumo, el país se encamina a un escenario de desempleo estructural y pérdida irreversible del "know-how" acumulado durante décadas.

En una jornada maratónica, el vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la firma de actas con los principales gremios estatales. Los convenios establecen un aumento del 11%, mejoras en asignaciones familiares y una cláusula de revisión trimestral. El Gobierno de Tucumán selló este jueves una jornada histórica de acuerdos salariales con los principales gremios que representan a los trabajadores estatales. El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó en Casa de Gobierno la firma de actas con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Gremios Estatales (UGE), los cinco sindicatos del Subsidio de Salud y el Frente de Gremios Estatales, Municipales y Comunales, consolidando la octava recomposición salarial desde el inicio de la gestión de Osvaldo Jaldo. Los ejes del acuerdo Los convenios firmados establecen un incremento del 11% sobre el básico, que se traduce en una mejora de $120.000 para los agentes provinciales. El acuerdo garantiza que ningún trabajador estatal perciba menos de $970.000 de bolsillo a partir de marzo . Además, se dispuso un aumento del 60% en las asignaciones familiares —de $25.000 a $40.000— y se duplicó la ayuda escolar, que pasó de $15.000 a $30.000 por hijo. Firma por sectores ATE fue uno de los primeros gremios en rubricar el acuerdo. Su secretario general, Jorge Flores, destacó la evolución de los haberes desde 2023 y valoró que "es un logro significativo que ningún trabajador cobre menos de 970 mil pesos". La UGE, representada por Andrés Jaime, sumó su adhesión al entender que el acuerdo "es genérico para todos los estatales" y subrayó la importancia de mantener el empleo público cuando "a nivel nacional hay miles de trabajadores cesantes". En el Subsidio de Salud, la rúbrica involucró a ATEPySS, UPCN, ATE, SUTEP y SEYPISST. La recomposición para ese sector incluyó un 11% más una suma fija de $30.000 que elevó el impacto total al 12,5% para marzo, además de mejoras en ítems específicos como adicionales técnicos, administrativos, refrigerio y antigüedad. La interventora del organismo, Elena Hurtado, resaltó el consenso alcanzado con los cinco gremios que integran el IPSST. El Frente de Gremios Estatales, encabezado por Enzo Alarcón, también suscribió el entendimiento. Alarcón detalló que el acta incorporó planteos gremiales que van más allá de lo salarial, como el pase a planta permanente de trabajadores transitorios con tres años de antigüedad y la promoción de categorías para agentes que llevan una década en el escalafón más bajo. El contexto de las negociaciones Acevedo, que lideró las conversaciones en ausencia del gobernador Jaldo —abocado a gestiones en Buenos Aires—, reconoció la complejidad del escenario económico. "Sabemos que nada es suficiente en estos tiempos, que nos falta porque hay una situación nacional que complica enormemente", expresó. El vicegobernador remarcó el esfuerzo provincial por sostener el diálogo y garantizar la paz social, pese a la caída de fondos nacionales vinculados al incentivo docente, la conectividad y los subsidios al transporte. El ministro de Gobierno, Regino Amado, explicó que las negociaciones se dieron en un marco de reducción de recursos coparticipables y recesión nacional. "No es sencillo recomponer salarios cuando se han perdido fondos que hoy debe afrontar la provincia con su propio presupuesto", señaló. Cláusula de revisión y proyección Todos los acuerdos incluyen una cláusula de revisión trimestral, que permitirá volver a discutir salarios dentro de tres meses según la evolución del índice inflacionario y la disponibilidad de recursos. La modalidad busca dar previsibilidad a los trabajadores y sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta volatilidad. Con estas firmas, el gobierno provincial aseguró la adhesión de la mayoría de los gremios estatales, quedando al margen únicamente los sectores docentes de ATEP y Apemys, que continúan en instancia de conciliación obligatoria con una nueva audiencia prevista para el 13 de marzo. Mientras tanto, los trabajadores del Estado ya tienen garantizado el piso salarial de $970.000 y el compromiso de un nuevo encuentro paritario antes de que finalice el primer semestre.

En la primera audiencia por la conciliación obligatoria, ATEP y Apemys expusieron sus reclamos salariales y laborales. La ministra Montaldo se comprometió a analizar punto por punto los planteos. La próxima reunión será clave para definir si el conflicto se destraba o se profundiza. La primera audiencia de conciliación obligatoria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes que rechazaron la oferta salarial se desarrolló este jueves al mediodía en la sede de la Secretaría de Trabajo, con un resultado que dejó abierta la posibilidad de un acuerdo pero sin avances concretos. Los representantes de ATEP y Apemys expusieron sus reclamos ante las autoridades y acordaron un nuevo encuentro para el viernes 13 de marzo, a las 12 horas. "Hemos estado conversando y planteando todos los puntos que es de público conocimiento, así que nos vamos con la esperanza de que puedan darnos algún tipo de respuesta que acerque a las partes y que podamos garantizar la educación de nuestros alumnos, que es lo que más nos interesa", sintetizó Hugo Brito, secretario general de ATEP, al término de la reunión. Los planteos que quedaron sobre la mesa Brito reiteró que los reclamos son los mismos que vienen sosteniendo en la mesa salarial desde el inicio de las negociaciones. Además de la cuestión salarial —el gremio aspira a que el sueldo equipare la canasta básica, que ronda los $1.130.000—, los docentes plantearon otros temas vinculados a las condiciones de trabajo y la profesión docente. La ministra de Educación, Susana Montaldo, que participó del encuentro junto a los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Economía, Daniel Abad, se comprometió a analizar punto por punto los planteos realizados y dar una respuesta en la próxima audiencia . "Falta la respuesta y veremos qué resultados tenemos, si hay acercamiento o no, y depende de eso los pasos que vamos a dar", advirtió Brito. El contexto de la conciliación La audiencia se desarrolló en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo mediante la Resolución N.º 229/14-SET, que suspendió las medidas de fuerza convocadas por ATEP y Apemys para el martes 3 de marzo. La conciliación rige por 15 días hábiles administrativos y obliga a ambas partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto. Mientras tanto, el ciclo lectivo 2026 ya comenzó en la provincia con normalidad, ya que la conciliación obliga a los docentes a presentarse a trabajar. El gobernador Osvaldo Jaldo había sido claro al respecto: "docente que no se presenta a trabajar, docente que no cobra el sueldo". Un dato alentador en medio del conflicto Pese a la tensión, Brito rescató un aspecto positivo vinculado a la agenda legislativa. Se trata del proyecto de Ley de Educación Especial, que beneficia a los docentes integradores y cuya sanción espera el sector. "El proyecto está en la Legislatura y se espera que sea tratado en las primeras sesiones de este año", señaló el gremialista, en un gesto que busca tender puentes más allá de la discusión salarial. La ley, que cuenta con consenso entre los bloques, establecería un marco regulatorio para la tarea de los acompañantes terapéuticos y docentes de apoyo a la inclusión, un sector que hasta ahora trabajaba con alta precariedad laboral. Lo que viene La próxima audiencia, prevista para el viernes 13 de marzo, será determinante. El Gobierno deberá acercar una respuesta concreta a los planteos docentes. Si esa respuesta es considerada insuficiente, los gremios podrían evaluar nuevas medidas de fuerza una vez vencido el plazo de la conciliación. Por lo pronto, las aulas tucumanas permanecen abiertas y los chicos están en clase. La pelota, ahora, está en el tejado de la Casa de Gobierno. De su respuesta dependerá si el conflicto se encamina a una solución o si, por el contrario, el diálogo vuelve a estancarse.

El piloto argentino tuvo un día de contrastes en Melbourne: en la primera práctica fue 16° y quedó por delante de su compañero, pero en la segunda sesión sufrió problemas mecánicos, una investigación por conducción lenta y un bloqueo que lo dejó al borde del accidente. Terminó 18° y confía en mejorar para la clasificación. El regreso de la Fórmula 1 no fue sencillo para Franco Colapinto. El piloto argentino completó este viernes en el circuito de Albert Park las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia con sensaciones encontradas: en la FP1 logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero en la FP2 los problemas mecánicos y un par de sustos lo relegaron al 18° puesto, en un día donde Alpine volvió a mostrar limitaciones para pelear en la zona media. FP1: un debut prometedor La primera sesión, disputada en la noche del jueves (hora argentina), dejó un saldo alentador para el pilarense. Con un registro de 1:20.576, Colapinto se ubicó en el 16° puesto, superando por más de siete décimas a Gasly, que finalizó 18° con 1:21.304 . Lando Norris (McLaren) marcó el ritmo con 1:19.017, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes). El rendimiento del A526 en tandas largas había generado expectativas, pero las complicaciones estaban por llegar. FP2: el día se complica Cuando parecía que el equipo podía consolidar una base de trabajo, la segunda práctica, disputada en la madrugada del viernes, se tornó cuesta arriba. A los pocos minutos, Colapinto protagonizó un tenso momento con Lewis Hamilton: un inconveniente mecánico lo obligó a reducir la velocidad en plena recta principal justo cuando el Ferrari se aproximaba a alta velocidad. La dirección de carrera anunció una investigación por "conducción innecesariamente lenta", aunque no trascendieron sanciones. A lo largo de la sesión, el argentino sufrió un violento bloqueo que lo puso al borde del despiste, aunque logró controlar el monoplaza y continuar. Los problemas se acumularon: el A526 no respondía como esperaban y los tiempos no llegaban. Sobre el final, Gasly escaló al 16° puesto con 1:20.904, mientras que Colapinto quedó 18° con 1:21.220, ambos a más de dos segundos del líder Oscar Piastri (McLaren), que marcó 1:19.729 . Ferrari, con Leclerc y Hamilton, y Mercedes, con Antonelli y Russell, dominaron el top 5. El análisis de Colapinto: optimismo pese a todo Más allá de las posiciones, el piloto argentino mantuvo la calma y proyectó mejoras de cara al sábado. "No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana", afirmó tras quitarse el casco. Colapinto también explicó un inconveniente visual que lo afectó en el cierre: "Por mi parte, tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación". El incidente, aunque menor, se sumó a una jornada donde Alpine no logró encontrar el rumbo. La mirada del equipo En el box de Alpine, las caras eran de preocupación pero no de alarma. El A526, que estrena motores Mercedes esta temporada, mostró señales de potencial en tandas largas pero careció de ritmo puro en vuelta rápida. Gasly, más experimentado, tampoco pudo meterse entre los mejores, lo que indica que el problema es estructural y no atribuible únicamente al piloto argentino. El equipo confía en que los datos recogidos permitan ajustar la puesta a punto para la clasificación del sábado (desde las 2:00, hora argentina). En un pelotón tan parejo como el de la zona media, mejorar unas décimas puede significar ganar varias posiciones en la grilla. Lo que viene La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre (22:30 del viernes, hora argentina) y la clasificación (2:00). El domingo, a la 1:00, se disputará la carrera. Colapinto, que en su primera temporada completa como titular aspira a consolidarse, sabe que el camino es largo. "Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir", reflexionó. En Melbourne, la paciencia también es una virtud.

A través del Decreto 137/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la Ley N° 27.802 de "Modernización Laboral". La norma introduce modificaciones estructurales en despidos, jornada laboral y actividad gremial, y excluye expresamente a trabajadores públicos, agrarios y de casas particulares. El Gobierno nacional promulgó este viernes la reforma laboral, una de las victorias legislativas más importantes del oficialismo en el inicio de 2026. A través del Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral entró en vigencia y ya rige para el sector privado de todo el país. El camino de la ley La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado el 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra, pero debió regresar a la Cámara alta luego de que Diputados introdujera modificaciones el 19 de febrero, entre ellas la eliminación del polémico artículo 44 que establecía una reducción salarial durante las licencias por enfermedad o accidente no laboral. Finalmente, el 27 de febrero el Senado ratificó los cambios con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, sellando la sanción definitiva de una norma que modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976. Los principales cambios en indemnizaciones y despidos La reforma modifica sustancialmente el sistema indemnizatorio. El nuevo artículo 245 establece que, en caso de despido sin causa, el trabajador recibirá un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, pero excluye del cálculo conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros beneficios que no tengan carácter mensual. La indemnización no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo, con un piso mínimo del 67% de la remuneración habitual. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a garantizar el pago de indemnizaciones mediante contribuciones mensuales obligatorias. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) contribuirán con el 2,5%. Estos fondos, que hasta ahora se destinaban al sistema previsional, serán administrados bajo control de la Comisión Nacional de Valores. Las empresas podrán abonar las condenas judiciales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para las grandes empresas y hasta doce para las pymes, con actualización por inflación más un 3% de interés anual. La norma también establece un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, eliminando la discrecionalidad judicial vigente hasta ahora. Jornada laboral: banco de horas y vacaciones flexibles La ley habilita la creación de un "banco de horas" que permite reemplazar el pago de horas extras por sistemas de compensación con días libres o jornadas reducidas, siempre que exista acuerdo voluntario entre las partes y se garantice un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. La jornada diaria podrá extenderse hasta 12 horas bajo estos esquemas flexibles. En materia de vacaciones, se mantiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero se habilita su fraccionamiento en períodos no inferiores a siete días corridos, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador. Cada tres años, el empleado tendrá derecho a que al menos un período coincida con la temporada estival. Derechos colectivos y restricciones a la actividad sindical La reforma introduce modificaciones en la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551. Las asambleas de trabajadores deberán realizarse sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y requerirán autorización previa del empleador respecto del horario y la duración. Durante su desarrollo, el trabajador no devengará salario. Se tipifican como infracciones "muy graves" acciones como organizar bloqueos, tomar establecimientos o afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a medidas de fuerza. En cuanto a los aportes sindicales, se mantiene la obligatoriedad de las contribuciones a cámaras y sindicatos, con un tope del 2% para la cuota solidaria. La norma limita el derecho de huelga en servicios considerados esenciales —que ahora incluyen telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, servicios aduaneros y migratorios, y educación no universitaria—, donde deberá garantizarse al menos el 75% de la prestación normal. Para los servicios de "importancia trascendental" —como transporte, bancos, industria farmacéutica, minería y medios de comunicación— el mínimo será del 50%. Eliminación de la ultraactividad y prioridad a convenios por empresa Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la ultraactividad, el principio que mantenía vigentes los convenios colectivos vencidos hasta la negociación de uno nuevo. A partir de ahora, los convenios perderán vigencia una vez expirado su plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo. Además, se establece que los convenios de ámbito menor —como los acordados a nivel de empresa— prevalecerán sobre los convenios sectoriales o por rama, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Quiénes quedan excluidos La ley aclara expresamente que sus disposiciones no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal —salvo inclusión expresa—, al personal de casas particulares, a los trabajadores agrarios —con aplicación supletoria—, a los trabajadores independientes y colaboradores, a los prestadores de plataformas tecnológicas sujetos a regulación específica, y al personal embarcado bajo régimen de navegación. Beneficios para formalización y blanqueo laboral La norma crea un Programa de Promoción del Empleo Registrado que permite condonar hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen trabajadores no registrados, con un plazo de seis meses para adherirse. También establece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% anual para quienes contraten personal previamente no registrado, ex monotributistas o exempleados públicos. Con la promulgación de la Ley N° 27.802, el gobierno de Javier Milei suma una pieza clave a su programa de reformas estructurales, en medio de un fuerte cuestionamiento de los sectores sindicales. La CGT ya anunció que presentará recursos judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que vulnera principios protectorios consagrados en la Constitución Nacional. La batalla por la reforma laboral, que empezó en el Congreso, ahora se traslada a los tribunales.

José Antonio Alcaraz, Agustín Fernández y Claudia Isabel Boyanovsky integran la terna que será votada en sesión especial desde las 9. El proceso, que comenzó con 45 postulantes, llega a su fin con expectativas cruzadas y el respaldo político como telón de fondo. La Legislatura de Tucumán definirá este viernes 6 de marzo, desde las 9 de la mañana, quién ocupará la Defensoría del Pueblo durante los próximos cinco años. En una sesión especial convocada al solo efecto de elegir al nuevo ombudsman, el cuerpo legislativo deberá escoger entre los tres candidatos que conforman la terna final: José Antonio Alcaraz, Agustín Fernández y Claudia Isabel Boyanovsky. La convocatoria se definió en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, con la participación de los principales referentes de los bloques. "Hemos cumplido, desde el momento de la convocatoria hasta el día de la sesión, con todos los pasos que establecen las disposiciones legales para la elección del Defensor del Pueblo", aseguró Acevedo al término del encuentro. Los candidatos: tres trayectorias, un mismo objetivo La terna surgió del análisis de 45 postulaciones que se presentaron tras la renuncia del ex Defensor Fernando Juri Debo. En reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos —ambas presididas por la legisladora Carolina Vargas Aignasse—, los tres nombres fueron seleccionados por unanimidad. Agustín Fernández Agustín Fernández emerge como el postulante con mayor reconocimiento público y respaldo político. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), de 58 años, fue intendente de Aguilares durante tres mandatos consecutivos (2003-2015) y diputado provincial entre 2019 y 2023, donde presidió el bloque Independencia alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo. Su vínculo con la Casa de Gobierno y su rol como "dialoguista" en el Congreso durante los primeros años de la gestión Milei lo posicionan como el candidato natural del oficialismo, al punto que medios locales lo señalan como el "caballo del Comisario" —en alusión al apodo del gobernador— que corre con ventaja en la votación. Claudia Isabel Boyanovsky Claudia Isabel Boyanovsky es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, con un posgrado en Criminología. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el área legal del Ministerio de Seguridad de la Nación en la delegación NOA, donde desde 2014 fue responsable del área legal y en 2016 designada referente local de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Es investigadora, miembro de Fores ONG en Derecho Penal y fue becada por la Embajada de Estados Unidos para perfeccionarse en temáticas vinculadas a su especialidad. José Antonio Alcaraz José Antonio Alcaraz , oriundo de Famaillá, es abogado con 27 años de ejercicio profesional y una sólida formación internacional: es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1996), especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia (Italia) y doctorando en Derecho Constitucional por la UCM. Su carrera en la función pública incluye cargos como asesor legal de municipios, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor parlamentario en la Legislatura y asesor del Ministerio del Interior de la Nación entre 2007 y 2026. Entrevistas y proceso Antes de la sesión, los tres candidatos fueron entrevistados por los legisladores en una instancia que, si bien no está prevista en la ley, fue dispuesta para que el cuerpo conozca de primera mano las propuestas de cada postulante para la Defensoría. Vargas Aignasse destacó el nivel de las exposiciones: "Los tres participantes respondieron con solvencia y demostraron un gran conocimiento sobre la Defensoría y los planes que proyectan llevar adelante". La legisladora remarcó que el procedimiento se desarrolló con transparencia y dentro de las competencias propias del Poder Legislativo. "Se trata de una competencia de la Legislatura y estamos cumpliendo con un imperativo legal y constitucional", afirmó, y aclaró que las designaciones dentro del organismo quedarán a cargo de quien resulte electo. El rol del Defensor del Pueblo El cargo que se elegirá este viernes tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos e intereses individuales y colectivos, frente a actos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal o de prestadores de servicios públicos. Se caracteriza por su autonomía funcional: el Defensor no recibe instrucciones de ninguna autoridad y cuenta con facultades para realizar investigaciones, inspecciones y requerir documentación oficial. El actual Defensor, Eduardo Cobos, quien concluye su gestión, se refirió a la importancia de la elección y al desafío que enfrentará quien lo suceda. "Los problemas hoy son múltiples. Cuando a veces la Nación te empieza a hacer merma de subsidios, con el tema de la discapacidad y con las auditorías, para un defensor la tarea se multiplica mucho", advirtió. La definición La sesión especial de este viernes será transmitida en vivo por los canales oficiales de la Legislatura. Para ser electo, el candidato deberá alcanzar la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (49 legisladores). De la terna de tres nombres, uno solo resultará elegido para ocupar el cargo por un período de cinco años. Con el respaldo de la Casa de Gobierno y una trayectoria que lo posiciona como el nombre más fuerte de la terna, Agustín Fernández parte como favorito. Sin embargo, el resultado final dependerá de los acuerdos y negociaciones de último momento entre los bloques. La Legislatura tiene la palabra.

El ministro Marcelo Nazur confirmó que cinco empresas adquirieron los pliegos para la concesión de la Terminal de Ómnibus. El proyecto contempla una inversión estimada en 7 millones de dólares y un plazo de ejecución de hasta cuatro años. La Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán está cada vez más cerca de su transformación definitiva. El Gobierno provincial avanza a paso firme en el proceso licitatorio para su concesión y modernización integral, una obra estratégica que busca poner a la infraestructura a la altura del crecimiento turístico y la conectividad que experimenta la provincia. El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, confirmó que el proceso administrativo se encuentra en su etapa final y que el sector privado mostró un interés concreto en hacerse cargo del complejo. "Ya se han cerrado las consultas y tenemos cinco pliegos adquiridos, ya que las empresas están muy interesadas. Hemos trabajado respondiendo las preguntas que cada interesado había formulado y el 10 de marzo será la apertura de sobres en la Casa de Gobierno", precisó el funcionario. El mecanismo de selección El proceso de evaluación de las propuestas será riguroso y por etapas. Nazur explicó que cada empresa presentará dos sobres diferenciados. "El primero contendrá los antecedentes y la capacidad de financiación de cada compañía. Allí se observarán los balances y la solvencia de quienes participan. Una vez que pasen esa etapa, abriremos el sobre dos, que contendrá las cuestiones técnicas y económicas de la propuesta para la terminal". El sistema garantiza que solo las empresas con espalda financiera suficiente puedan avanzar a la instancia técnica, lo que reduce riesgos y asegura que el futuro concesionario tenga la capacidad de llevar adelante las obras comprometidas durante el plazo de concesión, previsto por 20 años. Una inversión millonaria y obras concretas El proyecto, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, demandará una inversión estimada en 7 millones de dólares y un plazo de ejecución de entre tres y cuatro años. Las intervenciones contemplan una renovación integral del edificio, con especial énfasis en aquellos sectores que más lo necesitan. Entre las obras previstas se destacan la renovación completa de los núcleos sanitarios, la puesta en valor de distintos sectores del complejo y la incorporación de mejoras funcionales que optimicen la experiencia de los miles de pasajeros que transitan diariamente por la terminal. El objetivo es transformar un espacio estratégico para el turismo y la conectividad provincial en un edificio moderno, eficiente y acorde a las necesidades del siglo XXI. Una apuesta por la conectividad y el turismo La modernización de la terminal se enmarca en una política de infraestructura más amplia que el Gobierno provincial viene desplegando para fortalecer la conectividad terrestre de Tucumán. En los últimos años, la provincia experimentó un crecimiento significativo en el flujo de pasajeros, impulsado por nuevas rutas aéreas y una estrategia turística que posicionó a la región como un nodo estratégico del norte argentino. En ese contexto, contar con una terminal de ómnibus moderna y funcional es clave para acompañar el desarrollo del turismo y la actividad económica. La obra no solo mejorará la calidad del servicio para los usuarios, sino que también potenciará la imagen de la provincia como destino turístico y centro de conexiones regionales. El próximo 10 de marzo, con la apertura de sobres, se dará un paso decisivo para que este proyecto deje de ser un plano y se convierta en realidad. Las cinco empresas interesadas ya están en carrera. La terminal que recibe y despide a miles de tucumanos y visitantes cada día está a punto de empezar a escribir su nueva historia.

La Dirección General de Rentas prorrogó el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales. Los contribuyentes podrán acceder a importantes bonificaciones para ponerse al día con impuestos provinciales como Inmobiliario y Automotores, con planes de hasta 12 cuotas y trámite 100% online. Los contribuyentes tucumanos que mantengan deudas con la provincia tienen una nueva oportunidad para regularizar su situación. La Dirección General de Rentas (DGR) extendió hasta el 31 de marzo el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, que permite ponerse al día con los impuestos provinciales vencidos al 31 de diciembre de 2025, incluyendo intereses, recargos y multas, con importantes beneficios. La medida, anunciada por la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente de la DGR, alcanza a todos los tributos provinciales, entre ellos el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto de Sellos. "Las condiciones de adhesión al régimen se encuentran flexibilizadas en este mes", explicó la funcionaria. Beneficios escalonados según el momento de la deuda El esquema de bonificaciones aprobado por la DGR establece distintos niveles de quita según la antigüedad de la deuda y la forma de pago elegida. Para las obligaciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 2021, el régimen otorga una bonificación del 100% de los intereses acumulados hasta esa fecha. Para los intereses generados a partir del 1° de enero de 2022, las bonificaciones varían según la modalidad de cancelación: 50% de descuento para quienes opten por el pago de contado. 40% de bonificación para planes de pago que se cancelen hasta diciembre de 2026. 30% de quita para aquellos planes cuya cancelación se extienda más allá de diciembre de 2026 . Además, el régimen contempla una reducción del 50% en los honorarios profesionales de los representantes de la Autoridad de Aplicación en el caso de deudas en cobro judicial. Para las multas por incumplimiento de deberes formales, la reducción puede alcanzar el importe total de la multa, con posibilidad de abonar los honorarios en hasta 12 cuotas. Requisitos para acceder al plan Para adherirse al régimen, los contribuyentes deben tener al día las obligaciones impositivas más recientes. "Al momento de solicitar el plan de pago deben tener cumplidas y abonadas las obligaciones que vencieron a partir del 1 de enero de 2026, y hasta las que vencen en el mes de marzo inclusive, es decir, tres cuotas o anticipos", detalló Delordi. En el caso de los impuestos patrimoniales como Inmobiliario y Automotores, esto implica tener abonadas las cuotas de enero, febrero y marzo. Estas cuotas pueden pagarse utilizando los botones de pago disponibles en la página web de la DGR, con tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad bancaria. Una vez realizada la adhesión al plan durante marzo, la primera cuota del nuevo acuerdo vencerá el 15 de abril de 2026. Trámite online, gratuito y sin intermediarios La DGR enfatizó que todo el proceso de adhesión se realiza íntegramente a través de su sitio web www.rentastucuman.gob.ar , sin necesidad de recurrir a gestores o intermediarios. La advertencia no es casual: el organismo detectó casos de personas que ofrecían realizar trámites ante la DGR a cambio de dinero. "Todos los trámites de la dirección de renta son íntegramente gratuitos y tenemos el personal capacitado para poder asistirlos. Pueden concurrir al organismo de 8.15 a 13.15 horas, y nosotros los vamos a asistir y van a poder realizar el plan de pago sin ningún problema", remarcó Delordi. Para quienes requieran asistencia, la DGR ofrece asesoramiento personal y telefónico para utilizar los servicios de la página web, tanto para la adhesión al plan de pago como para la presentación de declaraciones juradas del Impuesto de Sellos y otros trámites. Una oportunidad en un contexto económico desafiante La extensión del régimen de regularización llega en un momento de fuerte presión sobre los ingresos de familias y empresas. La caída del crédito en pesos, el estancamiento de los salarios y la crisis industrial que afecta a distintos sectores han dificultado el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para muchos contribuyentes, esta prórroga representa una oportunidad para ordenar su situación fiscal con importantes descuentos, evitando así el avance de intereses y posibles acciones judiciales. La DGR apuesta a que la flexibilización de condiciones impulse la adhesión durante marzo y permita mejorar los niveles de recaudación en un escenario fiscal complejo para las arcas provinciales.