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Colombia busca legalizar la cocaína

Con un proyecto de ley , el país con mayor producción de cocaína, intenta enfrentar al narcotráfico por otra vía.


Tras años de fracasos y de sangre derramada en la "guerra contra las drogas" en Colombia, un par de senadores han dado una vuelta al tablero y han hecho una propuesta revolucionaria y controversial: que el Estado le quite el monopolio de la cocaína al narcotráfico.


A finales de agosto, se rompió el silencio de décadas sobre el tema del consumo de drogas en Colombia cuando los senadores Iván Marulanda (Partido Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social), apoyados por otros 21 congresistas, introdujeron en el Congreso el proyecto de Ley para establecer el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados.


Esta alternativa, que plantea que el Estado regule el cultivo, la producción y la comercialización de la coca y sus derivados, surge en un país signado por la violencia que ocupa dos récords lamentables que se han sostenido a través de los años: el mayor productor de cocaína y cultivador de coca en el mundo.


El senador, también ambientalista y economista, Iván Marulanda, encuentra un balance desolador dado que Colombia exporta 90 % de la cocaína que se consume; en Colombia hay más de 200.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y la historia de las últimas cuatro décadas es de sangre, de pérdida de vidas, de destrucción de las instituciones, de corrupción de la política y de la economía.


Colombia terminó siendo productor y proveedor de sustancias psicoactivas, fundamentalmente de la cocaína, que resulta de una política internacional de penalización, de criminalización de estas sustancias, que es lo que comúnmente se llama 'Guerra contra las drogas'.


Colombia está perdiendo la soberanía en los territorios en manos de organizaciones criminales, algunas de ellas internacionales. Son patrullados por ejércitos de sicarios que imponen la ley del gatillo y de la selva. Con base en el terror y la violencia, subyugan y esclavizan a las poblaciones. Allí no ejerce dominio el Estado.

Este proyecto de ley es un camino distinto que surge de un razonamiento: si el Estado le compra la hoja de coca a los campesinos y les quita esa materia prima a las organizaciones que producen cocaína y la monopolizan, podría abastecer industrias artesanales, ancestrales (campesinas e indígenas), de producción de alimentos y bebidas, de bienes de uso medicinal, de cosméticos.

Por otro lado, el Estado produciría una cocaína para los consumidores colombianos (según la Ley, la dosis mínima de cocaína permitida para uso personal en Colombia es de un gramo), arrebatándosela a las redes del narcotráfico.


La pretensión del proyecto, es que el gobierno colombiano compre a precios del mercado la producción de 200.000 hectáreas de hoja de coca en esa medida las familias campesinas vinculadas a esos cultivos, que son cerca de 250.000, y que están al margen de la ley, pasarán a estar vinculadas a la institucionalidad del país. Eso cambia el tablero de la guerra.


El senador Marulanda fundamenta que ya hay países que han legalizado la producción, la distribución y el consumo de marihuana y se apartaron de los convenios internacionales suscritos en el marco de Naciones Unidas para definir sus propias políticas en materia de cannabis. Con este antecedente, buscaría comenzar la discusión en el Congreso.





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